La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha presentado su Informe Anual de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión correspondiente al año 2025. Este documento destaca una alarmante serie de asesinatos, amenazas y actos de censura contra periodistas en Colombia, especialmente en regiones marcadas por el conflicto armado y la violencia de género.
El informe revela que un estudio realizado en 34 municipios del país indica que el 24% de los medios recibió amenazas para limitar sus coberturas, mientras que un 35% optó por no publicar información por motivos de seguridad. Esta situación ha creado un ambiente de autocensura, en el que los periodistas locales se ven obligados a silenciarse ante la presión de grupos armados.
Entre los incidentes más graves reportados se encuentra el asesinato de Óscar Gómez Agudelo en Armenia, Quindío. El comunicador fue atacado el 24 de enero de 2024 mientras se dirigía a su lugar de trabajo. La CIDH también menciona otros crímenes, como los asesinatos de Diomedes Farid Manrique y María Victoria Correa Ramírez, subrayando la inseguridad que enfrentan los profesionales de la información en el país.
El informe destaca la violencia que enfrentan las mujeres periodistas, quienes son blanco de ataques digitales. La CIDH resalta incidentes ocurridos en julio de 2025 cuando el presidente Gustavo Petro descalificó públicamente a la periodista Diana Saray Giraldo, describiéndola como “criminal”. Este tipo de ataques no solo desacreditan el trabajo de los periodistas, sino que también justifican represalias en su contra.
Se han denunciado presiones por parte de autoridades públicas que intentan desacreditar a medios y periodistas críticos. La Relatoría alerta que el uso del aparato judicial contra comunicadores es una táctica de intimidación, como es el caso de los periodistas Rafael Prieto Zartha y Carlos Alberto Vélez, quienes enfrentaron acciones legales por parte de funcionarios de la alcaldía de Paipa.
El informe de la CIDH pone de manifiesto que la violencia contra los periodistas no solo busca obstaculizar su labor informativa, sino que también actúa como un mecanismo de control social. La comisión instó a las autoridades colombianas a tomar medidas efectivas para proteger a los profesionales de la información y garantizar la libertad de expresión en el país, un derecho fundamental en cualquier democracia.
La violencia contra las mujeres periodistas se ha manifestado de manera alarmante, con ataques específicos que consideran el género de las afectadas. La CIDH concluye que aquellas que se atreven a alzar su voz son doblemente atacadas por ser mujeres y por su papel en el ámbito público.
La Relatoría de la CIDH reafirma su compromiso con la defensa de la libertad de expresión y espera que este informe impulse acciones concretas en pro de la seguridad y el respeto a los derechos de los periodistas en Colombia. Es vital que el Estado actúe con rapidez para revertir esta situación crítica y resguardar la labor fundamental de la prensa en el país.
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