La Corte Constitucional ya estudia el nuevo estado de emergencia decretado por el presidente Gustavo Petro

El decreto mediante el cual el presidente Gustavo Petro declaró una nueva emergencia económica en el país comenzó su trámite de revisión automática en la Corte Constitucional. El expediente quedó en manos del magistrado Miguel Polo Rosero, quien actuará como ponente del caso.

La medida fue adoptada por el Gobierno con el propósito de atender la crisis provocada por las intensas lluvias que han afectado a varios departamentos de la región Caribe, con especial impacto en Córdoba y Sucre. Según el Ejecutivo, las inundaciones han generado una situación excepcional que exige decisiones inmediatas y la asignación de recursos adicionales.

De acuerdo con lo informado por el Gobierno, los ingresos que se recauden en el marco de esta emergencia tendrán destinación específica para mitigar los efectos del desastre en Córdoba, Antioquia, La Guajira, Sucre, Bolívar, Cesar, Magdalena y Chocó.

En esa línea, el Ministerio de Hacienda anunció que se implementarán medidas para obtener aproximadamente 8 billones de pesos, recursos que serían utilizados exclusivamente para atender los daños derivados de la temporada de lluvias.

Otra emergencia bajo examen

Este no es el único decreto de emergencia económica que analiza actualmente la Corte. Desde diciembre de 2025, el Ejecutivo había declarado una primera emergencia, la cual fue suspendida el 29 de enero por decisión de la Sala Plena del alto tribunal.

En ese caso, el magistrado Carlos Camargo presentó una ponencia en la que propuso suspender provisionalmente el decreto mientras se adopta una decisión definitiva. Según el proyecto de fallo, el texto expedido por el Gobierno presenta “aspectos que, en principio, evidencian una posible incompatibilidad con el ordenamiento constitucional”.

El presidente Petro había justificado ese primer decreto señalando que el país enfrentaba una situación grave e inminente que impedía garantizar plenamente ciertos derechos fundamentales. Además, el Gobierno argumentó que la medida respondía a la no aprobación por parte del Congreso de dos proyectos de Ley de Financiamiento para las vigencias fiscales de 2025 (por 12 billones de pesos) y 2026 (por 16,3 billones).

Ahora, la Corte deberá determinar si este nuevo decreto cumple con los requisitos constitucionales exigidos para declarar un estado de emergencia económica y si las medidas adoptadas se ajustan a la Carta Política.