La Corte Suprema de Justicia ha abierto un proceso de investigación contra el representante a la Cámara, Carlos Alberto Carreño Marín, por el presunto delito de acto sexual violento. Esta decisión surge a raíz de una denuncia presentada por una funcionaria de la Unidad Nacional de Protección (UNP), quien estaba asignada al esquema de seguridad del congresista. Los hechos se habrían producido en febrero de este año.
Según la funcionaria, Carreño habría realizado “tocamientos de contenido sexual” y, ante su rechazo, la habría aislado de sus labores, incluso llegando a desvincularla de su trabajo como escolta. Este relato se encuentra documentado en el informe de la Corte Suprema, que ahora investiga estos graves hechos.
Además de la acusación de abuso sexual, Carreño enfrenta otra investigación relacionada con supuestas irregularidades en su manejo de recursos públicos. Se afirma que cobraba a los miembros de su Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) parte de sus salarios mensuales y les pedía realizar tareas relacionadas con su maestría, actividades ajenas a sus funciones como congresista.
De acuerdo con la Unidad Investigativa de Noticias Caracol, los fondos que Carreño solicitaba a sus empleados eran utilizados para cubrir gastos personales, como alojamiento y compras de ropa, entre otros.
Las evidencias en el caso incluyen la declaración de su asistente, Irene Amado, quien ha señalado que Carreño presionaba a sus empleados diciendo: “Dígame quién no quiere dar la plata porque aquí estos contratos son contratos de libre nombramiento y remoción. Yo los puedo sacar en el momento que sea”. Esta asistente, que es sobrina de Griselda Lobo, alias de Sandra Ramírez en la guerrilla, ha tenido que exiliarse en Estados Unidos debido a las amenazas que afirma haber recibido tras su denuncia.
La investigación está siendo atendida por la magistrada Cristina Lombana, quien evaluará el conjunto de pruebas presentadas. La situación de Carlos Carreño es especialmente delicada, dado que enfrenta no solo la denuncia por abuso sexual, sino también cuestionamientos sobre su integridad como funcionario público.
Las acusaciones contra Carreño podrían tener un impacto significativo en su carrera política. A medida que avanza la investigación, se espera una mayor atención pública y posiblemente consecuencias adicionales, tanto legales como políticas.
El caso está en desarrollo, y se mantendrá informada a la comunidad sobre cualquier novedad relevante en el proceso legal.
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