La Corte Suprema rechaza el permiso de Karen Manrique para ser congresista

Rechazo a la Solicitud de Permiso

La Corte Suprema de Justicia ha negado la solicitud de la congresista Karen Manrique Olarte, quien buscaba autorización para ser trasladada bajo custodia del Inpec al Congreso el próximo 20 de julio. La finalidad de este traslado era que Manrique pudiera tomar posesión de su curul, correspondiente al periodo legislativo 2026-2030. La congresista se encuentra bajo investigación por su presunta implicación en el caso de corrupción relacionado con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).

Justificación de la Defensa

La defensa de Manrique argumentó que, al no existir una sentencia condenatoria en su contra, la congresista retiene sus derechos políticos. Se planteó que el permiso solicitado representaba un trámite logístico y administrativo necesario para su posesión. También se informó que Manrique había solicitado a la Mesa Directiva de la Cámara la posibilidad de asumir su cargo de manera no presencial, a través de una videollamada. Esta solicitud estaba aún pendiente de respuesta cuando se presentó la petición ante la Corte.

Decisiones de la Corte Suprema

El tribunal consideró que la medida de aseguramiento impuesta a Manrique era fundamental, ya que su libertad representa un grave peligro para la comunidad y existe el riesgo de que continúe involucrada en actividades delictivas. Además, la Corte resaltó que la solicitud de traslado no cumplía con las excepciones de la Ley 65 de 1993, las cuales se limitan a citaciones judiciales, emergencias de salud o fallecimientos de familiares cercanos.

Proceso Judicial en Curso

Este fallo sigue a una decisión previa de la Corte, tomada el 26 de mayo, en la que se rechazó la solicitud de Manrique para acceder a la prisión domiciliaria mientras avanzaba su proceso por el escándalo de la Ungrd. En esa ocasión, la Corte también confirmó el llamado a juicio de cinco congresistas y un excongresista vinculados a este caso de corrupción. Los políticos llamados a juicio enfrentan cargos de cohecho impropio, siendo ellos: Liliana Esther Bitar Castilla, Juan Pablo Gallo Maya, Wadith Alberto Manzur Imbett, Julián Peinado Ramírez y Karen Astrith Manrique Olarte, junto con el excongresista Juan Diego Muñoz Cabrera.

Investigación en Profundidad

El enfoque de la investigación es determinar si los involucrados aceptaron sobornos a cambio de comprometer sus funciones y aprobar créditos para el Gobierno. La Corte posee documentos, grabaciones y testimonios que presuntamente evidencian la responsabilidad de los seis procesados. Según la investigación, los sobornos llegaron a los congresistas por orden de los entonces ministros del Interior y de Hacienda, Luis Fernando Velasco y Ricardo Bonilla, quien también ha sido imputado en este caso desde diciembre.

Importancia de los Recursos Implicados

Los proyectos promovidos por el Gobierno a cambio del apoyo de los congresistas en la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público equivalen a aproximadamente 92,000 millones de COP, destinados a municipios como Cotorra (Córdoba), Saravena (Arauca) y El Carmen de Bolívar (Bolívar). Este caso destaca la importancia de la transparencia y el compromiso ético en el ejercicio de la función pública.