La defensora del Pueblo, Iris Marín, ha manifestado su fuerte desacuerdo con la reciente exhibición de cuerpos llevada a cabo por el presidente Abelardo de la Espriella, en el contexto de las operaciones militares contra grupos criminales. En sus declaraciones, Marín destacó que “no deberíamos normalizar que los cuerpos de las personas muertas hagan parte de la escenografía en una declaración pública ni que la muerte se convierta en una forma de exhibir autoridad”.
La defensora insistió en que la competencia por demostrar quién es más cruel no debe formar parte de la estrategia del Estado. “El Gobierno no puede disputar con los grupos armados quién produce más miedo o humilla más al adversario”, subrayó. Marín también recordó que esta es la primera vez que se observa a un presidente “caminando entre los muertos y sintiéndose orgulloso de esas muertes”, lo que pone en entredicho el enfoque del Estado ante la violencia.
A pesar de la crítica a la exhibición de cuerpos, Marín no descalificó el trabajo legítimo de la Fuerza Pública. Aclaró que su cuestionamiento se dirige al modo en que el Estado ejerce el poder y comunica sus acciones. Además, subrayó que el derecho a la vida es fundamental y no debe ser violado de manera arbitraria, indicando que, aunque existen interpretaciones restrictivas en situaciones específicas, la razón y la proporcionalidad son vitales.
La Defensoría del Pueblo enfatizó que “los muertos deben ser respetados y tratados dignamente”. Marín admitió que, aunque las acciones militares pueden ser necesarias, la vulneración del derecho a la vida nunca debe producirse sin un riguroso análisis de razonabilidad. “Incluso en la guerra, existen límites”, afirmó.
Marín hizo hincapié en las lecciones históricas que ha aprendido la humanidad sobre la deshumanización. Señaló que Colombia ha vivido esta problemática durante décadas, donde diversos actores armados han utilizado la humillación y el miedo como formas de control. “Cada gesto y cada imagen difundida desde una institución pública comunica algo sobre lo que representa el Estado”, comentó, advirtiendo que el espectáculo de la humillación socava la legitimidad del poder estatal.
La defensora admitió que los miembros de la Fuerza Pública realizan un trabajo arriesgado para proteger a la población. Sin embargo, enfatizó que el lenguaje del Estado no debe alinearse con una lógica de muerte. “Ese lenguaje de quienes prefieren la muerte a la vida no puede convertirse en el lenguaje del Estado”, concluyó Marín.
La defensora también abordó una plataforma denominada “Las Bajas del Tigre”, donde se registran muertos y resultados de operaciones, señalando la importancia de adoptar indicadores que prioricen la seguridad en términos de derechos garantizados y vidas salvadas. Marín instó a reflexionar sobre las formas de medir la seguridad, sugiriendo que deben ir más allá de las simples estadísticas de bajas en combate.
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