Entrevista con Diana Guzmán Rodríguez, directora de Dejusticia en Colombia y portavoz de 38 organizaciones latinoamericanas de derechos humanos. Analiza las consecuencias regionales y globales de la acción militar de Estados Unidos contra Venezuela y solicita a la Fiscalía colombiana investigar ataques a embarcaciones en el Caribe.
Diana Guzmán Rodríguez es abogada, doctora en Derecho por la Universidad de Stanford y especialista en derecho constitucional de la Universidad Nacional de Colombia, donde ejerce como profesora asociada. Desde hace tres años dirige el Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad (Dejusticia), una de las organizaciones más reconocidas del país en materia de derechos humanos. Esta semana firmó, junto a 38 ONG de América Latina, un pronunciamiento conjunto para rechazar los ataques ocurridos el pasado 3 de enero en Venezuela, ordenados por el presidente estadounidense Donald Trump, que dejaron militares y civiles muertos y derivaron en la captura del expresidente Nicolás Maduro, actualmente detenido en Nueva York.
¿Por qué tantas organizaciones de derechos humanos se pronunciaron de manera conjunta en defensa de Venezuela?
La situación venezolana ha sido crítica desde hace años. Se han documentado violaciones sistemáticas a los derechos humanos y, tras las elecciones de julio de 2024, se profundizó la crisis de legitimidad del gobierno de Maduro. Sin embargo, la intervención militar del 3 de enero marcó un punto de inflexión, porque abrió la puerta a una actuación abiertamente ilegal desde el punto de vista del derecho internacional.
¿Qué hace ilegal esa operación?
Los bombardeos en distintos estados del país y la detención de Maduro y de su esposa constituyen una violación directa de la Carta de las Naciones Unidas. El derecho internacional establece que los conflictos deben resolverse por medios pacíficos y que el uso de la fuerza solo es legítimo en casos muy específicos: un conflicto armado, la legítima defensa o una autorización del Consejo de Seguridad. Ninguna de esas condiciones se cumplía. Fue una decisión unilateral de Estados Unidos que vulnera la soberanía venezolana y desconoce el sistema multilateral.
Ustedes alertaron sobre un riesgo para toda la región. ¿Por qué?
Porque se sienta un precedente peligroso. Hoy fue Venezuela, mañana puede ser cualquier otro país. Las recientes declaraciones de Trump, con amenazas a Colombia y referencias a otros Estados como Cuba o México, muestran que esta lógica puede expandirse. Denunciar estos hechos no es solo una cuestión jurídica, sino política: está en juego el tipo de orden internacional que queremos preservar.
¿Qué norma concreta se violó?
El artículo 2, numeral 4, de la Carta de la ONU, que prohíbe expresamente el uso o la amenaza del uso de la fuerza entre Estados. Esa norma es esencial para proteger la soberanía y evitar que las potencias impongan su voluntad sobre países más débiles sin justificación alguna.
Los organismos multilaterales han reaccionado, pero sin efectos claros. ¿Son insuficientes?
Son los espacios con mayor capacidad para poner límites a Estados Unidos, en especial el Consejo de Seguridad. Podrían exigir el cese de las acciones e incluso considerar otras medidas. Sin embargo, estas instancias están atravesadas por intereses políticos y hoy no existe una posición unificada ni en Europa ni en América Latina para rechazar con contundencia estas actuaciones.
¿Estamos ante una ruptura del orden internacional?
Sí. Trump impulsa una visión en la que los países poderosos se reparten territorios y decisiones, dejando de lado las normas. Ese modelo contradice la lógica del derecho internacional. El sistema basado en reglas está en crisis y la única salida es reconocerlo y fortalecer los mecanismos multilaterales.
¿Qué mecanismos deberían reforzarse?
La Corte Penal Internacional es clave. Ha jugado un papel importante en la investigación de violaciones a los derechos humanos en Venezuela. Sin embargo, ha sido objeto de ataques sistemáticos por parte de Estados Unidos, incluyendo sanciones y recortes financieros, lo que debilita gravemente su capacidad de acción.
¿Estamos regresando a una lógica similar a la Doctrina Monroe?
No solo Estados Unidos, también Rusia y China están promoviendo un orden basado en la fuerza. Es un retroceso histórico, una ruptura casi total del sistema internacional construido tras la Segunda Guerra Mundial.
¿Qué opciones jurídicas le quedan a Venezuela?
Organizaciones como Provea han sido claras: aunque el régimen de Maduro no ofrecía salidas democráticas y provocó un éxodo masivo, la intervención militar es inaceptable y deja un precedente gravísimo para el futuro del país y de la región.
Dejusticia ha seguido de cerca el caso venezolano durante años. ¿Por qué?
Porque los problemas de derechos humanos trascienden fronteras. Con el régimen de Maduro, la sociedad civil venezolana quedó aislada, sin recursos y bajo persecución. Desde Colombia vimos la necesidad de apoyar a esas organizaciones y acompañar un proceso cuyo desenlace definirá el futuro del país.
Siguen existiendo presos políticos en Venezuela.
Sí, y uno de nuestros llamados centrales es la liberación inmediata de todas esas personas y la adopción de medidas que pongan en el centro de cualquier transición la justicia social y los derechos humanos.
También se investigan muertes en operaciones de EE. UU. en el Caribe. ¿Qué harán con esa información?
Creemos que primero debe actuar la justicia colombiana, investigando los hechos y garantizando el derecho a la verdad de las víctimas. Posteriormente, estos casos podrían llevarse ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, como ha ocurrido en precedentes históricos.
¿Han solicitado a la Fiscalía colombiana investigar la destrucción de lanchas?
Ese es precisamente el llamado que estamos haciendo: que se inicien las investigaciones de manera inmediata.
¿La democracia en América Latina quedó en riesgo?
Sí. No solo por el avance de gobiernos autoritarios, sino porque países que históricamente defendían la democracia hoy ya no lo hacen con la misma convicción.
Trump afirma que EE. UU. ya gobierna Venezuela para garantizar una transición. ¿Qué implica eso para los derechos humanos?
No hay garantías claras. No existe un plan de transición, no se habla de elecciones ni de participación ciudadana. El discurso se centra en intereses económicos, no en democracia, justicia social o derechos humanos.
El argumento fue desmantelar un régimen narcotraficante.
Ese argumento no se sostiene. Si ese fuera el objetivo, deberían haberse atacado todas las estructuras criminales, no solo a Maduro y su entorno. No se han presentado pruebas suficientes y el debate está profundamente ideologizado.
Esto recuerda intervenciones pasadas de EE. UU.
Exactamente. Afganistán, Irak, Libia. El gran riesgo es una transición sin rumbo, orientada únicamente a intereses económicos como el petróleo, sin involucrar a la población venezolana.
¿Qué se debería hacer ahora por la democracia en Venezuela?
No perder de vista las violaciones a los derechos humanos, respaldar los procesos en la CPI y promover una transición auténtica, liderada por los propios venezolanos y acompañada por la comunidad internacional.
¿La CPI podría investigar a Trump?
En teoría sí, aunque la viabilidad política es compleja. Por eso es fundamental fortalecer el derecho internacional y las instituciones multilaterales.
¿Qué impacto tiene esto en la política antidrogas?
Se está retomando la vieja “guerra contra las drogas”, centrada en la represión de la oferta, una estrategia que ya demostró su fracaso y sus enormes costos en derechos humanos.
¿Qué pueden hacer gobiernos como el colombiano?
Reactivar la diplomacia, fortalecer apoyos internacionales y promover la unidad regional. Es un camino difícil, pero necesario para evitar una escalada del conflicto.
En un año preelectoral, algunos sectores apoyan a Trump.
Eso es preocupante. Colombia tiene un presidente elegido democráticamente y no hay pruebas de vínculos con el narcotráfico. Cualquier intento de injerencia extranjera debe ser rechazado.
¿Qué rol deben asumir los partidos políticos?
Actuar con visión de Estado. La defensa de la soberanía nacional debe estar por encima de cálculos electorales.