La muerte de ocho agentes de la Policía Nacional Civil y los motines registrados en varias cárceles detonaron una nueva escalada de violencia en Guatemala, que llevó al presidente Bernardo Arévalo de León a decretar el estado de sitio y a endurecer la confrontación entre el Gobierno y las pandillas.
Los hechos ocurridos este domingo, atribuidos a presuntos integrantes de estructuras criminales, reactivaron un conflicto que se venía gestando desde meses atrás y que ahora entra en una fase crítica. Estas son las claves para entender el trasfondo de la situación y la respuesta del Ejecutivo.
La confrontación abierta entre el Gobierno de Arévalo y las pandillas se remonta a julio del año pasado, cuando siete personas fueron asesinadas mientras participaban en un velorio en una funeraria del centro de Ciudad de Guatemala. El ataque, relacionado con disputas entre la Mara Salvatrucha y la pandilla Barrio 18, habría sido planificado desde prisión.
Tras ese episodio, el Gobierno ordenó trasladar a los principales líderes de estas estructuras a un centro penitenciario de máxima seguridad conocido como Renovación I, con el objetivo de frenar la coordinación de crímenes desde las cárceles.
El traslado implicó el desmonte de una serie de beneficios de los que, según las autoridades, gozaban los jefes de las pandillas. Entre ellos se encontraba Aldo Ochoa, alias “El Lobo”, uno de los cabecillas de Barrio 18, condenado a penas que superan los 80 años de cárcel por homicidio y otros delitos.
Durante años, estos líderes habrían mantenido el control de sus organizaciones desde prisión, ordenando asesinatos y extorsiones, mientras accedían a comodidades impropias de un centro carcelario. De acuerdo con el Ministerio de Gobernación, uno de los detonantes de los recientes motines fue precisamente la eliminación de esos privilegios, como el acceso a aire acondicionado, comidas especiales y mejores condiciones de reclusión.
Analistas consideran que la ola de violencia busca desestabilizar al país en un año decisivo para la institucionalidad. En mayo próximo, el presidente Arévalo deberá designar a un nuevo fiscal general, en reemplazo de Consuelo Porras, quien ha sido sancionada por Estados Unidos y la Unión Europea por señalamientos relacionados con corrupción.
Desde las cárceles, algunos de los reclusos implicados en los motines han llamado a la población a sublevarse contra el Gobierno. A estas voces se han sumado actores políticos cuestionados y también sancionados internacionalmente. El propio Arévalo ha señalado que detrás de los ataques hay sectores que se han beneficiado de la corrupción y que buscan frenar la recuperación del sistema de justicia, en referencia también a la próxima renovación de la Corte de Constitucionalidad.
Ante la gravedad de los hechos, el presidente decretó el estado de sitio por un periodo inicial de 30 días. Esta medida, una de las más severas contempladas por la Constitución guatemalteca —solo superada por el estado de guerra—, amplía las facultades de las autoridades para realizar capturas sin orden judicial contra personas sospechosas de terrorismo o sedición.
Con esta decisión, el Gobierno busca retomar el control del orden público y avanzar en la identificación y judicialización de los responsables del asesinato de los policías, mientras se evalúan nuevas acciones para contener el accionar de las pandillas en el país.
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