Trump reitera su postura en contra de la ciudadanía por nacimiento tras el fallo de la Corte Suprema. El 6 de agosto, el presidente estadounidense firmó nuevas órdenes ejecutivas que intentan restringir este derecho, sin desafiar directamente la reciente decisión del máximo tribunal. En junio pasado, la Corte Suprema ratificó que la ciudadanía por nacimiento está protegida por la Decimocuarta Enmienda de la Constitución. Esta enmienda garantiza que todas las personas nacidas en territorio estadounidense son ciudadanos, salvo algunas excepciones limitadas, como los hijos de diplomáticos.
Las nuevas órdenes ejecutivas
Ante el revés judicial, la Casa Blanca ha cambiado su estrategia, enfocándose en medidas más específicas que afectan a ciertos grupos. Una de las órdenes expande las categorías de personas cuyos hijos no podrían obtener automáticamente la ciudadanía al nacer. Estas incluyen a hijos de personas vinculadas a organizaciones extranjeras consideradas terroristas, empleados de gobiernos extranjeros y aquellos que intentan obtener ciudadanía a través de fraudes. Esta medida también retoma excepciones históricas que habían tenido una aplicación limitada.
Detección del “turismo de natalidad”
La segunda orden ejecutiva se centra en combatir el “turismo de natalidad”, que se refiere a mujeres embarazadas que viajan a Estados Unidos para que sus hijos adquieran la ciudadanía. Esta medida instruye a los departamentos de Estado y de Seguridad Nacional a endurecer la concesión de visas y a detectar solicitudes fraudulentas. Sin embargo, expertos argumentan que ya existen mecanismos legales para abordar estas situaciones, y que el número de nacimientos relacionados con esta práctica es menor de lo que el Gobierno asegura.
Reacciones y posibles impugnaciones judiciales
Organizaciones como la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) han señalado que intentarán impugnar las nuevas órdenes. Sostienen que ningún decreto presidencial puede modificar interpretaciones constitucionales que han sido reafirmadas por la Corte Suprema. Aunque estas disposiciones podrían generar controles migratorios adicionales, no cambiarán el principio fundamental de que las personas nacidas en Estados Unidos son ciudadanos, salvo las excepciones reconocidas por la ley.
Un intento de mantener la agenda migratoria
Con estas nuevas órdenes, la Administración Trump busca mantener viva una de las banderas de su política migratoria. Sin embargo, la eficacia de estas medidas puede ser limitada por el marco jurídico existente que protege la ciudadanía por nacimiento. Especialistas legales advierten que aunque el presidente tiene ciertas prerrogativas, no puede determinar la ciudadanía de un niño nacido en territorio estadounidense. Dado el significado jurídico de la Decimocuarta Enmienda, cualquier intento de restricción está destinado a enfrentar desafíos en los tribunales.