Organizaciones defensoras de derechos humanos corroboraron la liberación de 116 presos políticos anunciada el pasado 12 de enero, aunque advirtieron que el procedimiento se desarrolló de manera paulatina, poco transparente y bajo condiciones restrictivas.
Al cierre de la segunda semana tras la caída de Nicolás Maduro, el régimen —ahora encabezado por Delcy Rodríguez— ha continuado con las excarcelaciones de personas detenidas por motivos políticos. No obstante, los números divulgados oficialmente han sido complejos de contrastar y verificar de forma independiente.
El grupo más reciente de liberaciones, anunciado el 12 de enero, sí pudo ser confirmado por la organización Justicia, Encuentro y Perdón. En un comunicado difundido este viernes, la entidad ratificó que durante esa semana se produjeron 116 excarcelaciones.
“La liberación de las 116 personas anunciadas se materializó, aunque de forma gradual y fragmentada, a lo largo de al menos ocho días. Si bien esto confirma la ejecución de la medida, el proceso estuvo marcado por la opacidad informativa, la inexistencia de listados oficiales consolidados y una comunicación limitada con las familias”, señaló la organización.
Sin embargo, advirtió que las excarcelaciones se realizaron bajo medidas judiciales restrictivas y en un contexto de desorden institucional, sin un cronograma definido ni claridad sobre los criterios utilizados para seleccionar a los beneficiarios.
Aun así, Justicia, Encuentro y Perdón identificó un patrón común: todas las personas liberadas corresponden a detenidos arrestados durante las protestas poselectorales de 2024. “Esta delimitación temporal no ha sido explicada públicamente ni sustentada en criterios jurídicos verificables, lo que genera dudas sobre la coherencia y la equidad del proceso”, indicó el comunicado.
La organización también cuestionó la forma dispersa en que se anuncian las liberaciones, con cifras parciales, voceros distintos y en momentos diferentes, lo que dificulta comprender el alcance real de cada medida.
“Esta dinámica obstaculiza una lectura clara del proceso en su conjunto y complica su seguimiento, especialmente para la comunidad internacional y los medios extranjeros”, subrayaron.
Aunque reconocieron que la cifra anunciada fue finalmente cumplida, advirtieron que el procedimiento deja en evidencia la ausencia de mecanismos institucionales claros que garanticen transparencia, previsibilidad y verificación independiente.
Finalmente, Justicia, Encuentro y Perdón reiteró la necesidad de ampliar las excarcelaciones a otros grupos de detenidos que siguen privados de la libertad, incluidos quienes fueron arrestados antes del período electoral y quienes cumplen condenas prolongadas. También solicitaron atención prioritaria para personas en situación de especial vulnerabilidad, como mujeres, adultos mayores, personas con enfermedades graves y quienes ya han cumplido sus penas o son elegibles para medidas alternativas.
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