Los asuntos con los que Petro sigue marcando la agenda política de cara a las elecciones

Diversos aspirantes presidenciales coinciden en que el presidente Gustavo Petro está definiendo los ejes del debate electoral rumbo a la elección del nuevo Congreso y del próximo jefe de Estado, previstas para marzo y mayo del próximo año.

Restan 68 días para que los colombianos acudan a las urnas en la primera gran cita electoral de 2026. El 8 de marzo se elegirán los integrantes del Congreso y, además, se realizarán las consultas interpartidistas que comenzarán a perfilar la contienda presidencial. Aunque se esperaba que a estas alturas el debate girara en torno a las propuestas de los candidatos, lo cierto es que el centro de la discusión pública sigue estando en el presidente Petro y en al menos tres de sus decisiones recientes, con las que ha logrado imponer el ritmo de la campaña.

Una de ellas es el anuncio hecho este lunes sobre el aumento del salario mínimo en un 23 %, una medida que ya tiene efectos directos en el escenario electoral. Incluso candidatos de la oposición reconocen que el mandatario les ha tomado ventaja en la definición de los temas programáticos de 2026. “Podemos hacer todos los análisis y prender todas las alarmas, pero millones de trabajadores están felices esta noche. Petro goleó y sigue empeñado en comprar las elecciones de 2026”, afirmó la aspirante Vicky Dávila.

Más allá de las críticas de distintos sectores, que califican el incremento como excesivo y parte de una estrategia electoral, la decisión del Ejecutivo se ha convertido en el principal foco del debate político al cierre de 2025. A esto se suman otros asuntos que también dominan la agenda pública y que provienen directamente de la Casa de Nariño, como el decreto de emergencia económica y la propuesta de convocar una asamblea nacional constituyente.

Ambas iniciativas prometen ocupar buena parte de la discusión política en 2026 y, al mismo tiempo, convertirse en banderas de campaña del progresismo. La declaratoria de emergencia económica surge tras la negativa del Congreso a aprobar una ley de financiamiento o una reforma tributaria para el presupuesto de 2026, situación que ha alimentado el discurso oficialista sobre un supuesto bloqueo legislativo a las reformas y a las inversiones necesarias para ejecutar los cambios prometidos.

La idea de una constituyente sigue una lógica similar. Luego de la inscripción del comité promotor que buscará las firmas para impulsar la iniciativa —liderada por organizaciones sociales, pero con el respaldo explícito del presidente— quedó claro que Petro insistirá, en la recta final de su mandato, en la necesidad de una transformación profunda del Estado para sacar adelante las reformas sociales.

Desde el oficialismo, varios voceros han planteado que una eventual constituyente debe ir acompañada de una renovación del Congreso, al considerar que el actual no tiene la voluntad política para debatir los temas estructurales del país.

En contraste, la oposición intenta frenar estas propuestas mediante debates de control político, acciones de tutela y otros mecanismos judiciales. El Centro Democrático, por ejemplo, acudió a una tutela. “Es el único recurso inmediato, porque la Corte Constitucional asumirá el caso a partir del 13 de enero y, mientras tanto, el Gobierno exprime a los colombianos con este nuevo abuso”, aseguró el expresidente Álvaro Uribe.

El presidente Petro ha defendido la iniciativa constituyente y ha señalado que no sería tramitada por el Congreso actual, sino por el que resulte electo en 2026, y que, conforme a los tiempos legales, los cambios se empezarían a implementar en 2027. Por su parte, el ministro Armando Benedetti explicó que el objetivo es medir la posición del Congreso frente a las reformas sociales, y no rehacer por completo la Constitución de 1991. Según el Gobierno, temas como la salud, la justicia y el cambio climático estarían entre los asuntos a discutir en una eventual asamblea.