Más allá de la coca, ¿por qué Venezuela marcaría la agenda del encuentro entre Petro y Trump?

Aunque el aumento de los cultivos ilícitos y el flujo de cocaína hacia Estados Unidos estarán sobre la mesa, el asunto decisivo podría ser el rol que juega Colombia en la transición política que atraviesa Venezuela, en particular frente al gobierno encabezado por Delcy Rodríguez.

Gustavo Petro y Donald Trump, desde perspectivas distintas y con estilos opuestos, coinciden en una fijación común: la llamada paz total. Desde su llegada a la Casa de Nariño, el mandatario colombiano ha insistido en esta política con la que busca negociar o someter al menos a nueve organizaciones armadas, entre guerrillas, disidencias y estructuras criminales, sin que hasta ahora se vean resultados contundentes. Su par estadounidense —quien probablemente ni siquiera utiliza ese concepto— la ha calificado como una estrategia que favorece “la impunidad del terrorismo” y, sobre todo, la asocia con el crecimiento de los cultivos ilícitos y la producción de cocaína que llega a su país. A ello se suma un elemento clave para Trump: el impacto fronterizo, donde Venezuela ocupa un lugar central en sus preocupaciones.

En ese escenario complejo es donde ambos presidentes se encontrarán hoy en Washington. Será la primera reunión entre dos líderes enfrentados en lo ideológico, pero similares en la forma directa y emocional de comunicarse con sus audiencias. El encuentro llega cargado de una agenda pesada: la situación venezolana y su efecto regional, la política antidrogas y el manejo de los cultivos ilícitos, además del deterioro de varios indicadores que Estados Unidos ha llevado incluso al Consejo de Seguridad de la ONU.

La relación con Venezuela, las dinámicas en la frontera —atravesadas por el narcotráfico y la presencia de grupos como el ELN— y el interés de Washington por garantizar estabilidad en medio de la transición en el país vecino aparecen como los asuntos prioritarios. Así lo considera Michael Weintraub, director del Centro de Estudios sobre Seguridad y Drogas (Cesed) de la Universidad de los Andes, quien sostiene que ese será el eje central de la conversación.

“Trump quiere poder mostrar una victoria política ante su audiencia interna, demostrar su capacidad de negociación. Pero hay un factor clave en este momento y es Venezuela. El papel de Colombia se vuelve cada vez más relevante para estabilizar la frontera. Trump buscará asegurar esa cooperación para evitar una mayor desestabilización en una coyuntura de transición pactada con Delcy Rodríguez”, explica Weintraub.

Esa prioridad ayuda a entender por qué, pese a las críticas abiertas de Trump a la paz total y a la estrategia antidrogas de Petro, Estados Unidos mantiene abiertos los canales con Bogotá. Desde la óptica estadounidense, prevenir un deterioro mayor en la frontera y contener los efectos de la transición venezolana pesa más que los desacuerdos en otros frentes.

Todo esto ocurre después de una serie de roces diplomáticos que han puesto a prueba una relación históricamente sólida y estratégica para ambos países.

El encuentro de hoy será, más que un gesto protocolario, una prueba sobre hasta dónde está dispuesto Petro a ceder para preservar un vínculo clave y hasta qué punto Trump aceptará una apuesta por la paz que no encaja del todo con su discurso de mano dura.

Narcotráfico, el mayor punto de choque

Ese margen de entendimiento no borra el principal foco de fricción entre ambos gobiernos. Mientras Estados Unidos ve a Colombia como un socio indispensable frente a Venezuela, también endurece su postura y sus exigencias en materia de drogas.

Colombia continúa siendo el mayor productor mundial de cocaína, con más de 261.000 hectáreas sembradas de hoja de coca, una cifra récord, y una producción potencial cercana a las 3.001 toneladas, según la Oficina de la ONU contra la Droga y el Delito (UNODC). Petro ha cuestionado esa medición por su metodología, pese a que el organismo lleva dos décadas monitoreando el fenómeno en el país.

Estos números refuerzan el argumento de Trump, que además sostiene que sin resultados claros en la reducción de cultivos no debería haber negociaciones con grupos armados.

Esa postura coloca a Petro en una posición incómoda frente a su homólogo estadounidense. El presidente colombiano ha intentado impulsar un giro en la lucha antidrogas, insistiendo en que se trata de un problema social y que sin alternativas económicas no habrá soluciones sostenibles. Ha resaltado, por ejemplo, la erradicación de 25.000 hectáreas mediante programas de sustitución, aunque expertos advierten que muchas de esas cifras corresponden a áreas registradas y no necesariamente transformadas productivamente, o ya estaban incluidas en programas previos.

Washington también ha cuestionado la forma en que Colombia reporta las incautaciones, al señalar que una parte importante de las toneladas decomisadas se realizó fuera del territorio nacional, aunque el Gobierno colombiano defiende su papel en labores de inteligencia dentro de operaciones multinacionales.

“Petro va a intentar mostrar que Colombia sigue comprometida con la lucha contra la cocaína, enfatizando las incautaciones, aunque no me parece que sea una estrategia muy sólida”, señala Weintraub.

Para Trump eso no basta. Desde su entorno, especialmente el secretario de Estado Marco Rubio, se ha criticado la falta de impacto inmediato de esos programas.

En ese pulso, Venezuela termina siendo el verdadero eje de la reunión. Más allá de la coca o de la paz total, lo que está en juego para Washington es la estabilidad de la frontera colombo-venezolana en un momento político delicado y de alto riesgo regional. Colombia aparece como un actor clave —y bajo constante observación— para evitar que ese proceso derive en mayor caos, expansión de redes criminales, flujos migratorios descontrolados o fortalecimiento de grupos armados.

Las concesiones de Petro

Petro, que llega a la reunión en condición de visitante —una posición que no le resulta del todo cómoda—, comenzó a enviar señales a Estados Unidos desde noviembre pasado. Ante la presión de Washington, su gobierno ajustó algunos de los pilares más sensibles de su política de seguridad.

El Ejecutivo reactivó los bombardeos contra estructuras armadas, una herramienta que había sido suspendida al inicio del mandato; avaló operaciones con participación de la Fuerza Pública en zonas de alta presencia criminal; y abrió la puerta al regreso de la erradicación forzada de cultivos ilícitos mediante fumigación aérea, pese a que esta había sido uno de los símbolos del distanciamiento con la estrategia antidrogas estadounidense.

También retomó el uso de glifosato aplicado con drones, una práctica polémica que había estado restringida por razones ambientales y de salud, precisamente para mostrar resultados más contundentes frente a las críticas de Estados Unidos.

Otro punto de reclamo es el reclutamiento de menores. En el Consejo de Seguridad de la ONU del pasado 23 de enero, la representante estadounidense cuestionó duramente la gestión colombiana.

“Estados Unidos está preocupado por el aumento del reclutamiento forzado de niños por organizaciones narcoterroristas y pide al gobierno de Colombia que cumpla con su responsabilidad en la protección de la infancia y la seguridad de todos sus ciudadanos”, afirmó Jennifer Locetta, representante suplente de Estados Unidos para Asuntos Políticos Especiales ante la ONU.

Las extradiciones siguen siendo otro tema sensible. La controversia más reciente involucra el caso de Geovany Andrés Rojas, alias Araña, jefe de los Comandos de la Frontera. El presidente Petro le dio un plazo de 10 días para ratificar su compromiso con la erradicación de cultivos, una exigencia que muchos consideran difícil de cumplir. La disidencia de Mendoza, a la que pertenece ese grupo, respondió que mantiene su adhesión al proceso de paz y a la erradicación de 30.000 hectáreas de coca, aunque bajo “los términos y los tiempos pactados”.