El impacto del ataque militar de Estados Unidos en Venezuela no se mide solo en daños materiales o víctimas mortales. En los días posteriores a la incursión, el país enfrenta una herida psicológica profunda, marcada por el miedo, el insomnio y un silencio impuesto que contrasta con las protestas visibles de la diáspora venezolana en el exterior.
Desde la madrugada del 3 de enero, J no logra conciliar el sueño sin medicamentos. Vive a pocos metros de Fuerte Tiuna, uno de los principales complejos militares de Caracas, desde donde observó la columna de humo anaranjado que dejó la operación estadounidense para capturar a Nicolás Maduro y a su esposa. La onda expansiva sacudió su apartamento, despertó a su hijo y desató el pánico en su edificio.
“Cualquier ruido fuerte me sobresalta”, relata bajo anonimato. “Un camión, una bocina, cualquier cosa basta para que uno despierte con terror”. Evita incluso pronunciar la palabra bombardeo. Dice sentir vergüenza, rabia e inseguridad, pero sobre todo miedo: “Me aterra que mi hijo salga y algo vuelva a pasar”.
El ataque se produjo en un país que arrastra años de control estatal represivo, con cientos de presos políticos y una ciudadanía acostumbrada a medir cada palabra. Tras la ofensiva, el Gobierno decretó un estado de conmoción que penaliza con cárcel cualquier respaldo público a la acción militar, profundizando un clima de autocensura.
Para la psicóloga social Yorelis Acosta, los síntomas que se repiten —insomnio, hipervigilancia, pensamientos intrusivos— son señales claras de estrés postraumático. “La población está en un estado de alerta permanente”, explica, tras un evento que reactivó miedos colectivos en un país sin experiencia reciente de guerra directa.
Según estimaciones preliminares, el ataque dejó cerca de un centenar de muertos en Caracas y zonas aledañas. El presidente estadounidense Donald Trump aseguró estar dispuesto a repetir la ofensiva si lo considera necesario, lo que mantiene viva la sensación de amenaza.
L, otra residente cercana a Fuerte Tiuna, vio helicópteros y explosiones desde su ventana. Desde entonces, mantiene una muda de ropa colgada en la puerta y mochilas de emergencia listas: alimentos no perecederos, agua, gasas, tapabocas y herramientas básicas. “Es lo único que puedo controlar”, dice. “No puedo vivir paralizada, pero sí preparada”.
Madre de dos hijos, asegura que el terror existe, pero insiste en seguir adelante: “No te voy a mentir, el miedo está ahí, pero la vida no se puede detener”.
La crisis también expuso la fragilidad del sistema de atención psicológica en un país golpeado por años de recesión. El mismo día del ataque, la Federación de Psicólogos de Venezuela amplió los horarios de su línea gratuita de apoyo. Desde entonces, los teléfonos no han dejado de sonar.
“La mayoría de llamadas son por ansiedad severa y ataques de pánico”, explica Paola Hernández, coordinadora del servicio. Personas alteradas, angustiadas y sin redes de contención buscan ayuda inmediata en medio del caos emocional.
Más allá del trauma, persiste el temor a las represalias del Estado. M, habitante de un barrio cercano a Fuerte Tiuna, muestra en su celular una imagen del ataque que circuló ampliamente y llegó a medios internacionales. La borra de inmediato: “No puedo andar con eso encima. ¿Y si me revisan el teléfono?”.
Organizaciones como Espacio Público han denunciado revisiones de celulares sin orden judicial en alcabalas policiales, donde se inspeccionan mensajes, fotografías y palabras clave como “Trump”, “bombardeo” o “Maduro”.
Para Acosta, el aparente silencio en las calles no es normalidad: “Es miedo aprendido, desesperanza, temor a las consecuencias”. Según Foro Penal, más de 700 personas permanecen detenidas por razones políticas, y decenas han sido arrestadas por expresarse en redes sociales.
J sigue atrapada entre su casa y la calle, sin encontrar alivio. “Solo queda pedir que no vuelva a pasar”, dice. “Lo único seguro que tenemos ahora es el presente”.
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