Obligación de Transparencia
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca ha dictado una resolución que obliga a Migración Colombia a revelar información sobre los movimientos migratorios de Jeffrey Epstein y Ghislaine Maxwell. Epstein, quien falleció el 10 de agosto de 2019, es conocido por ser el presunto líder de una red internacional de trata de menores, mientras que Maxwell ha sido acusada de ser su principal cómplice en la captación de adolescentes para estas actividades delictivas.
Contexto Judicial
La solicitud de información fue realizada por el periodista Juan Pablo Barrientos Hoyos el 22 de febrero de 2026. Inicialmente, Migración Colombia rechazó la petición el 27 de febrero, justificando que el acceso a la base de datos sobre los movimientos migratorios de extranjeros es restringido por razones de seguridad nacional y orden público. Sin embargo, el Tribunal sentenció que dicha negativa no estaba debidamente justificada.
Justificación del Tribunal
El Tribunal argumentó que la entidad no explicó de manera concreta cómo la divulgación de los datos sobre Epstein y Maxwell podría comprometer la seguridad nacional o la protección de datos personales. Según la decisión, el acceso a información pública es un principio fundamental, y las excepciones deben interpretarse de manera restrictiva.
Acceso a Información de Interés Público
Además, el Tribunal consideró que el caso de Epstein y Maxwell es de “alto interés público”, dado que se relaciona con fenómenos de criminalidad internacional que requieren mayor transparencia y control ciudadano. La resolución establece un plazo de 10 días para que Migración Colombia proporcione los registros de ingreso y salida de Epstein y Maxwell, así como detalles sobre los “puestos de control migratorio utilizados, calidad migratoria, tipo de visa o permiso, prórrogas de permanencia, alertas migratorias, registros de cédula de extranjería y constancias de entrevistas secundarias”, entre otros.
Conclusiones y Repercusiones
Esta decisión del Tribunal no solo marca un precedente sobre el acceso a la información pública en casos de alto perfil, sino que también plantea interrogantes sobre la gestión y transparencia de las instituciones frente a datos sensibles. La atención pública se centra ahora en cómo Migración Colombia cumplirá con esta orden judicial y qué implicaciones tendrá para la discusión sobre los derechos de acceso a la información en Colombia.