Rechazo a la recusación del General (r) Montoya
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ha decidido rechazar la solicitud de recusación presentada por el general (r) Mario Montoya Uribe, quien se encuentra en un proceso por su supuesta responsabilidad en casos de ejecuciones extrajudiciales. Montoya había argumentado que la magistrada Catalina Díaz Gómez, encargada del caso 03, no podía actuar con imparcialidad debido a su participación previa en decisiones fundamentales del proceso.
Argumentos de la defensa
En su solicitud, Montoya, quien fue comandante del Ejército durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, aseveró que la magistrada ya tenía una postura establecida sobre su responsabilidad como correlatora del macrocaso. Así, consideró que la juez no podía permanecer en el caso sin comprometer la imparcialidad. Según el exmilitar, Díaz Gómez había dictado ya un Auto de Determinación de Hechos y Conductas, determinándolo como máximo responsable en el subcaso de Antioquia.
Además, Montoya señaló que la magistrada había participado en audiencias en las que él había sido incriminado por otros comparecientes, lo que reafirmaba su opinión de que su imparcialidad estaba en entredicho.
La respuesta de la JEP
La Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad emitió un auto el 15 de mayo en el que argumentó que, aunque el caso 03 se divide en diferentes fases, se trata de un único proceso integral. Este enfoque sugiere que la participación de un magistrado en varias etapas de un mismo proceso no implica que carezca de imparcialidad.
La JEP destacó que permitir que un magistrado en funciones se inhabilite a sí mismo por haber intervenido en distintas etapas del proceso sería absurdo y contradictorio con lo que establece la ley. La jurisdicción también reiteró que la participación de la magistrada en las audiencias del caso de Montoya no compromete su imparcialidad, sino que se da en cumplimiento de las competencias legales propias de su cargo.
Contexto del caso
El caso de Montoya es uno de los más destacados dentro del marco de la justicia transicional en Colombia. El general (r) es investigado por su presunta responsabilidad en al menos 118 ejecuciones extrajudiciales, conocidas como “falsos positivos”. Estos incidentes ocurrieron durante su tiempo como comandante de la Cuarta Brigada del Ejército en Antioquia, específicamente entre 2002 y 2003.
Pese a las acusaciones en su contra, Montoya ha negado su participación en los crímenes de desapariciones forzadas de civiles presentados como bajas en combate. En 2018, decidió acogerse a la JEP, y su caso fue sumado al caso 03. Desde 2024, la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) analiza si su caso será llevado a juicio adversarial.
Implicaciones futuras
La decisión de la JEP marca un paso importante en el tratamiento de casos de altos oficiales del Ejército colombiano en relación con violaciones de derechos humanos. La defensa de Montoya ahora enfrentará el desafío de avanzar con su proceso a pesar de esta negativa. La justicia transicional sigue siendo un tema vital en el país, con las miradas puestas en cómo se manejarán los casos de figuras prominentes en el conflicto armado colombiano.