Bajo la promesa oficial de una amnistía general y en un contexto de limitada transparencia institucional, redes de mujeres familiares de personas detenidas por motivos políticos han convertido el cuidado y la búsqueda de información en una forma sostenida de acción política. Frente a centros de reclusión como la Zona 7 de Boleíta y el Helicoide, en Caracas, madres, hermanas, hijas y esposas mantienen vigilias para exigir excarcelaciones plenas y garantías de no repetición.
En la Zona 7, un grupo de mujeres sostiene fotografías de sus familiares mientras entona consignas y oraciones bajo custodia policial. Desde hace más de 30 noches permanecen en el lugar, enfrentando condiciones precarias, hostigamiento y vigilancia constante. “Mi vida está paralizada hasta que mi hermano sea libre”, afirma Raidelys, hermana del político Renny Chourio, quien estuvo desaparecido durante semanas antes de que se confirmara su reclusión.
El anuncio de una posible Ley de Amnistía General, impulsada por la Asamblea Nacional, generó expectativas entre las familias. Jorge Rodríguez, presidente del poder legislativo, prometió liberaciones masivas en los próximos días. Sin embargo, organizaciones de derechos humanos advierten que el proceso carece de claridad en sus plazos y alcances, y temen que las excarcelaciones sean selectivas o condicionadas.
Carga desproporcionada y violencia extendida
Especialistas como Cristina Ciordia, del Centro de Justicia y Paz (Cepaz), sostienen que cuando ocurre una detención por razones políticas, el impacto se extiende al núcleo familiar y recae principalmente en las mujeres. Son ellas quienes asumen la gestión legal, la búsqueda de información, la provisión de alimentos y artículos básicos, y la denuncia pública. Esta sobrecarga, sumada a la incertidumbre y el trato hostil de autoridades, configura una forma de violencia prolongada.
En las afueras de los penales, muchas mujeres duermen a la intemperie y dependen de donaciones de organizaciones civiles para subsistir. El desgaste físico y emocional ha tenido consecuencias graves: al menos tres madres de presos políticos fallecieron tras el anuncio de las excarcelaciones, entre ellas Yarelis Salas, cuyo hijo fue liberado días después de su muerte.
Mientras el gobierno asegura haber excarcelado a más de 600 personas, organizaciones independientes solo han verificado 431 liberaciones hasta la fecha de este reporte. Estiman que entre 600 y 800 personas continúan detenidas por motivos políticos, incluidos militares disidentes, activistas, periodistas y ciudadanos acusados de delitos como “terrorismo” o “incitación al odio”.
Organización y acción colectiva
Ante la falta de respuestas institucionales, las mujeres han articulado estructuras de apoyo. Luisa Barrios, madre de un joven detenido en 2024, impulsó junto a otras familiares el Comité de Madres en Defensa de la Verdad. Desde entonces, han logrado avances concretos: autorización de visitas, recepción de paquetería y mejoras mínimas en condiciones de reclusión.
El 27 de enero presentaron ante la Asamblea Nacional un proyecto alternativo de Ley de Amnistía que exige liberaciones sin medidas restrictivas posteriores, reparación integral y garantías de no repetición. También expresaron preocupación por posibles exclusiones de militares, trabajadores o campesinos judicializados.
El temor a nuevas detenciones persiste. La reciente recaptura del dirigente Juan Pablo Guanipa, horas después de su excarcelación, reforzó las dudas sobre la estabilidad de las medidas anunciadas.
“Ya no tenemos miedo”
En las inmediaciones del Helicoide, considerado por organizaciones de derechos humanos como un centro emblemático de detención política, se repite el patrón de organización femenina. Cada tarde, decenas de mujeres acuden con velas y pancartas para exigir libertad plena.
Algunas denuncian amenazas previas por manifestarse. Andreina Baduel, activista y familiar de un detenido, afirmó haber recibido advertencias de funcionarios de seguridad. Aun así, el respaldo mutuo ha fortalecido la movilización. “El apoyo entre nosotras también te hace más valiente”, señala Gloria Morales, madre de un detenido.
Organizaciones como Provea y Justicia, Encuentro y Perdón reportan cientos de nuevas denuncias de desapariciones y detenciones arbitrarias en lo que va del año. Aunque persiste un clima de intimidación, observan un proceso de rearticulación de la sociedad civil.
En medio de un escenario político complejo y de tensiones internacionales, estas mujeres han asumido un rol protagónico como voceras y organizadoras. Su acción ha trascendido la esfera privada: el cuidado, la búsqueda y la denuncia se han transformado en una estrategia colectiva para disputar narrativas oficiales y exigir justicia.