Represión contra periodistas nicaragüenses en el exilio
Cientos de periodistas nicaragüenses que se han visto forzados al exilio enfrentan crecientes amenazas y obstáculos legales para ejercer su labor. Esta situación ha sido denunciada por la Fundación por la Libertad de Expresión y Democracia (FLED) en un informe emitido desde Costa Rica. Desde 2018, cuando se desataron las protestas contra el régimen de Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo, alrededor de 310 periodistas han buscado refugio en otros países, en medio de una dura represión que dejó cerca de 300 muertos.
Nuevas formas de acoso y amenazas
La FLED ha alertado sobre la desprotección que sufren los periodistas exiliados, quienes están cada vez más expuestos a lo que se ha denominado “represión transnacional”. El informe revela que se han registrado casos de interrogatorios a familiares de periodistas en Nicaragua, quienes son sospechosos de enviar información a medios en el extranjero. Este acoso ha llevado a numerosos exiliados a recibir advertencias sobre riesgos graves contra su integridad.
Una de las situaciones más alarmantes ocurrió en junio de 2025, cuando Roberto Samcam, un exmilitar nicaragüense en San José, fue asesinado por sicarios. Además, la FLED mencionó la deportación de dos periodistas nicaragüenses por parte de Estados Unidos a Costa Rica, lo que ha agudizado su vulnerabilidad.
Confiscación de bienes de opositores
El régimen de Ortega y Murillo no solo acosa a los periodistas, sino que también ha implementado tácticas sistemáticas de represión económica. Desde 2018, las autoridades han confiscado propiedades, vehículos y cuentas bancarias de opositores y disidentes, asegurando un estricto control sobre cualquier forma de oposición. Esto ha incluido la distribución de bienes entre entidades estatales y la venta o alquiler de propiedades a seguidores del gobierno.
Según un informe de expertos en derechos humanos de la ONU, esta estrategia busca garantizar la impunidad del régimen y eliminar cualquier oposición. Esta dinámica se ha intensificado especialmente en 2023, con nuevas confiscaciones que se han traducido en una mayor opresión a quienes se atreven a desafiar al gobierno.
Aplicación de la represión transnacional
La FLED ha documentado casos de vigilancia en Costa Rica, donde uno de ellos llevó a la salida de emergencia de una periodista, quienes recibieron advertencias sobre el peligro que enfrentaban. La organización ha instado al gobierno costarricense a tomar medidas efectivas para proteger a estos periodistas, enfatizando que el exilio ya no se considera un refugio seguro.
Además, el Observatorio Pro Transparencia y Anticorrupción ha presentado datos que muestran cómo los bienes confiscados están siendo transferidos a instituciones públicas, y cómo las instalaciones de medios críticos han sido reorientadas para favorecer al estado. Por ejemplo, los edificios de medios de comunicación como Confidencial y 100% Noticias han pasado a manos del Ministerio de Salud, mientras que el diario La Prensa se ha transformado en un centro cultural estatal.
Conclusiones y recomendaciones
Ante este panorama desolador, la FLED ha llamado a la comunidad internacional y a los gobiernos locales a ejercer presión sobre el régimen de Ortega y Murillo, y a ofrecer protección a los periodistas y opositores en el exilio. La situación de estos profesionales es un recordatorio claro de los costos que conlleva la lucha por la libertad de expresión y la democracia en Nicaragua.