“No hay pruebas de vínculos con organizaciones criminales”: el NYT se pronuncia sobre Gustavo Petro

En medio de la creciente tensión diplomática entre Colombia y Estados Unidos, The New York Times afirmó que no existe evidencia de que el presidente colombiano, Gustavo Petro, tenga vínculos con organizaciones criminales o dirija redes del narcotráfico. La aclaración aparece en un análisis del diario estadounidense sobre el rol de Colombia en el mercado global de drogas ilícitas.

El pronunciamiento llega tras duras acusaciones del presidente Donald Trump, quien calificó a Petro como un “líder ilegal de drogas” y sugirió que podría ser “el siguiente” objetivo de acciones militares, luego de recientes ataques contra embarcaciones que Washington asegura estaban involucradas en el tráfico de estupefacientes en el Caribe y el Pacífico. Estas operaciones, que inicialmente apuntaban a Venezuela, intensificaron el cruce de declaraciones entre ambos gobiernos.

Petro respondió con contundencia, señalando que Trump “no merece otra cosa que la cárcel” por ordenar la destrucción de los barcos y la muerte de sus tripulaciones. A pesar del tono del enfrentamiento, el diario neoyorquino subraya que las críticas a la política antidrogas del mandatario colombiano no equivalen a pruebas de actividad criminal.

Según el NYT, Petro ha sido cuestionado por sectores políticos y analistas por una supuesta postura permisiva frente a los cultivadores de coca y a los grupos armados ilegales. Sin embargo, el medio enfatiza que no hay evidencias que respalden acusaciones de que el presidente haga parte o lidere estructuras delictivas.

El artículo contextualiza el problema señalando que, durante casi cinco décadas, Colombia se ha mantenido como el mayor productor mundial de cocaína, debido a factores como su geografía, el prolongado conflicto armado y el control histórico de amplias zonas rurales por actores ilegales. A pesar de estrategias respaldadas por miles de millones de dólares en cooperación estadounidense —fumigaciones aéreas, erradicación forzada, extradiciones y operaciones militares—, ninguna ha logrado reducir de manera sostenida el negocio.

Petro llegó al poder en 2022 con la promesa de reformar el enfoque antidrogas: impulsar el desarrollo rural, enfocar la persecución penal en los grandes capos y dejar de criminalizar a los campesinos cocaleros. Su gobierno presentó una política a diez años que incluía la sustitución de cultivos, la ampliación de usos legales de la hoja de coca y una regulación más amplia del cannabis, aunque muchas de estas propuestas no se han implementado plenamente.

Pese a su discurso crítico frente a la llamada “guerra contra las drogas”, el presidente ha mantenido la cooperación en materia de seguridad con Estados Unidos. De hecho, las incautaciones de cocaína en Colombia se encuentran en niveles históricos. No obstante, ante la presión de Washington y de la oposición interna, el Ejecutivo ha anunciado un retorno parcial a estrategias tradicionales, como la erradicación forzada y el uso de herbicidas mediante drones.

El New York Times concluye que el aumento simultáneo de producción e incautaciones revela las limitaciones del enfoque represivo. Para los analistas citados, mientras exista una fuerte demanda global de cocaína, el problema persistirá. En ese marco, el diario insiste en que la controversia en torno a Petro es de carácter político y diplomático, no judicial, y que no existen pruebas que lo vinculen con el crimen organizado.

“Aunque los cambios internos se han estancado, Colombia ha impulsado el debate internacional”, señala el medio, recordando que en marzo el país logró apoyo en Naciones Unidas para una revisión independiente de la clasificación de la hoja de coca en los tratados internacionales sobre drogas. El diario añade que Petro asumió la Presidencia argumentando —de manera acertada, según varios analistas— que perseguir a los pequeños agricultores resulta ineficaz, ya que estos simplemente vuelven a sembrar.