El gobierno de Javier Milei puso en marcha una nueva normativa destinada a incentivar el ingreso de ahorros no declarados al sistema financiero formal. Se trata de la denominada “ley de principio de inocencia fiscal”, aprobada por el Congreso en diciembre y recientemente promulgada, cuyo objetivo central es facilitar el blanqueo de los llamados “dólares debajo del colchón”.
Según estimaciones oficiales, los argentinos mantienen fuera del sistema cerca de 251.000 millones de dólares, una cifra que sextuplica las reservas brutas del Banco Central, que al 30 de diciembre se ubicaban en torno a 41.000 millones de dólares. El contexto es especialmente sensible, ya que en 2026 el país enfrenta vencimientos de deuda superiores a los 19.000 millones de dólares, de acuerdo con la Oficina de Presupuesto del Congreso.
En paralelo, el Fondo Monetario Internacional, con el que Argentina mantiene un programa crediticio por 20.000 millones de dólares vigente desde abril, reclamó en diciembre mayores esfuerzos para recomponer las reservas internacionales.
La norma eleva de manera significativa los umbrales mínimos a partir de los cuales el Estado puede investigar delitos de evasión fiscal, fijándolos en torno a 70.000 dólares anuales por ejercicio fiscal. Además, reduce los plazos de prescripción para los delitos financieros y crea un nuevo régimen impositivo simplificado.
Quienes se inscriban en este régimen quedarán eximidos de informar variaciones patrimoniales, lo que apunta a reducir el temor a sanciones retroactivas y facilitar la bancarización de fondos no declarados.
El ministro de Economía, Luis Caputo, instó públicamente a los bancos a aceptar de forma inmediata los depósitos de quienes adhieran al sistema. También recomendó acudir al Banco Nación en caso de que las entidades privadas impongan requisitos adicionales.
“Depositan sus dólares en el banco y pueden disponer de los mismos inmediatamente, ya sea para consumir o para ahorrar y ganar intereses, como ocurre en cualquier lugar del mundo”, afirmó Caputo a través de la red social X.
La iniciativa generó fuertes cuestionamientos desde la oposición, que advierte sobre posibles riesgos en materia de lavado de activos. El diputado peronista Jorge Taiana sostuvo que la medida podría convertir a Argentina en “un paraíso para el lavado de dinero sucio y el blanqueo de fondos provenientes del narcotráfico”.
No es la primera vez que el gobierno de Milei recurre a este mecanismo. En 2024, la administración libertaria lanzó un blanqueo que permitió incorporar más de 20.000 millones de dólares al sistema financiero, aunque esos fondos permanecieron inmovilizados en cuentas especiales hasta su liberación reciente.
La medida busca atacar una conducta histórica en la economía argentina: la desconfianza en el sistema bancario, producto de reiteradas crisis financieras, que llevó a generaciones de ciudadanos a ahorrar en dólares en efectivo como resguardo frente a la inflación y la volatilidad económica.
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