El presidente Gustavo Petro llamó a la ciudadanía a respaldar públicamente el decreto que estableció un incremento del 23 % en el salario mínimo. A través de sus redes sociales, defendió la medida frente a las críticas y aseguró que los cuestionamientos carecen de sustento técnico. “Se afirma que los decretos son inconstitucionales y que provocarán inflación, pero no existe evidencia científica que respalde esos argumentos; la economía demuestra lo contrario”, señaló.
En medio del debate por los efectos del aumento, el mandatario pidió a sus seguidores prepararse para manifestarse en apoyo tanto del salario vital como de otras disposiciones del Gobierno, entre ellas el decreto que busca gravar a los grandes grupos económicos. Según Petro, algunos sectores pretenden frenar estas decisiones en los tribunales y mantener privilegios sobre el rumbo del país y el comportamiento electoral.
Aunque no precisó una fecha para las movilizaciones, el jefe de Estado vinculó el tema con las elecciones que se aproximan y exhortó a los trabajadores a no respaldar candidaturas que, a su juicio, recurran a la compra de votos. En ese contexto, insistió en la necesidad de reflexionar el voto desde una perspectiva social.
El presidente también retomó la propuesta de una asamblea constituyente impulsada por un comité ciudadano con respaldo del Ejecutivo. Indicó que el proyecto debería presentarse como iniciativa legislativa para que, en adelante, los decretos presidenciales garanticen un salario vital mínimo y familiar. A su juicio, el debate no debería quedar en manos del actual Congreso, sino del próximo Legislativo o de una eventual Asamblea Nacional Constituyente surgida de la voluntad popular.
La discusión alrededor del aumento del salario mínimo continúa generando controversia. Mientras el Gobierno sostiene que no tendrá efectos inflacionarios, distintos sectores advierten impactos en el costo de vida, como en la canasta básica y las tarifas del transporte público. Este punto ha profundizado las tensiones entre la Casa de Nariño y la Alcaldía de Bogotá, especialmente por el ajuste de 350 pesos en el pasaje de TransMilenio.
Desde el Ministerio de Vivienda, el Ejecutivo también ha planteado medidas para mitigar efectos en la vivienda de interés social, proponiendo que las ventas se calculen en pesos y no con base en salarios mínimos. Petro reiteró que las empresas que ajusten precios automáticamente al 23 % del incremento estarían incurriendo en prácticas especulativas y advirtió que podrían ser sancionadas, al considerar que su obligación constitucional es evitar ese tipo de conductas.