Petro defendió propuesta de Asamblea Constituyente frente a críticas por su impacto en el calendario electoral

El presidente Gustavo Petro salió al paso de los cuestionamientos formulados desde distintos sectores políticos tras la radicación, este viernes, del comité ciudadano que buscará recolectar firmas para promover una Asamblea Constituyente. El mandatario reiteró que el proceso apenas inicia y negó que se trate de una maniobra con fines electorales.

Las críticas surgieron luego de que nueve ciudadanos, con el respaldo del ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, inscribieran formalmente el comité impulsor de la iniciativa. Petro, quien ha promovido abiertamente la discusión sobre una nueva Constitución, volvió a defender la propuesta y aseguró que se trata de un ejercicio ciudadano, no de una estrategia política ligada a las elecciones.

En declaraciones de las últimas horas, el jefe de Estado insistió en que “la constituyente no se hará en época electoral”, subrayando que apenas comienza la fase de recolección de firmas. Según explicó, el proyecto será presentado después del 20 de julio ante el nuevo Congreso que se elegirá en marzo y cuando ya se haya definido la nueva Presidencia de la República.

Petro agregó que el debate se dará en un escenario sin procesos electorales en curso y que, de ser aprobado por el Legislativo y la Corte Constitucional, la eventual reforma no alterará el calendario democrático. En ese caso, las elecciones de los constituyentes se realizarían en la fecha que determine la Corte y dentro de un plazo máximo de tres meses.

La respuesta presidencial se produjo tras una entrevista concedida por el cardenal Luis José Rueda a El Espectador. En ella, el arzobispo de Bogotá reconoció que una reforma constitucional profunda podría ser necesaria, pero advirtió que no debería mezclarse con un año electoral, al considerar que no es prudente hacerlo en ese contexto.

El cardenal también llamó a concentrarse, durante este periodo, en fortalecer la cultura democrática mientras se desarrollan las elecciones legislativas, las consultas presidenciales y las dos vueltas para la elección del próximo mandatario.

¿Coincidirá el proceso con las elecciones?

Uno de los principales reparos a la propuesta apunta a que varias etapas del proceso se desarrollarán inevitablemente en medio del calendario electoral. En los primeros seis meses del año se realizarán las elecciones legislativas del 8 de marzo, junto con las consultas presidenciales, y el 31 de mayo está prevista la primera vuelta presidencial.

De acuerdo con la normativa vigente, una vez inscrito el comité, la Registraduría dispone de ocho días para verificar que la inscripción cumpla los requisitos legales. Superado ese trámite, se notifica a los promotores y se entregan los formularios oficiales para la recolección de firmas.

A partir de ese momento, el comité cuenta con seis meses para reunir los apoyos exigidos, equivalentes al 5 % del censo electoral, es decir, cerca de 2.050.000 firmas. Los organizadores han señalado que su meta es alcanzar tres millones, aunque inicialmente el presidente habló de un objetivo de 10 millones.

Luego de la recolección, la organización electoral deberá verificar las firmas y los informes financieros. Si el proceso es avalado, se expedirá una certificación que será presentada ante el Congreso. Tal como lo han reiterado el mandatario y los promotores, el proyecto se radicará en la instalación del nuevo Legislativo, el 20 de julio de 2026.

Los argumentos del proyecto constituyente

El texto que sustenta la iniciativa se centra en la tesis de un “bloqueo institucional” que, según sus autores, ha impedido el avance de las reformas sociales promovidas por el Gobierno. En ese sentido, sostiene que dichos cambios no pueden realizarse mediante actos legislativos o referendos, ya que implicarían una sustitución profunda de la Constitución vigente.

En el documento se afirma que una fuerza política con vocación democratizadora ha sido obstaculizada de manera sistemática desde su llegada al poder, situación que, según el texto, recuerda el contexto previo a la Constitución de 1991.

La propuesta también define la composición de la eventual Asamblea Constituyente. Plantea que esté integrada por 125 delegados elegidos por voto popular, aunque la distribución detallada eleva la cifra total a 135. De estos, 87 corresponderían a la circunscripción nacional, mientras que el resto se asignaría a circunscripciones especiales: 10 para comunidades afrodescendientes (incluidas raizales y palenqueras), 10 para pueblos indígenas, 10 para comunidades campesinas, 16 para las circunscripciones transitorias de paz y dos para colombianos en el exterior.

La pregunta que se formularía a los ciudadanos, en caso de superarse todas las etapas previas, consultaría si se aprueba convocar una Asamblea Constituyente elegida por voto popular, con representación plural de los distintos sectores sociales, un periodo de sesiones de tres meses y el principio de no regresividad en materia de derechos humanos y tratados internacionales.

El documento incluye fuertes críticas al Congreso y a la Rama Judicial, con quienes el Gobierno ha mantenido tensiones. Allí se señala que los mecanismos legislativos ordinarios y el control judicial no han sido suficientes para superar ciertos bloqueos estructurales. Incluso, se propone una cláusula que permitiría al presidente actuar frente a omisiones legislativas absolutas.

Finalmente, el texto plantea la necesidad de revisar el funcionamiento del Banco de la República, fortalecer la banca pública y la política monetaria, impulsar un programa de desarrollo productivo para la generación de empleo masivo y garantizar que el Estado mantenga el control de los sectores estratégicos de la economía.