El presidente Gustavo Petro volvió a defender el decreto que fijó un aumento del 23 % en el salario mínimo para 2026, que con el auxilio de transporte alcanza los COP 2.000.000. A través de varios mensajes publicados este 31 de diciembre en su cuenta de X, el mandatario respondió a las críticas de la oposición, que advierte posibles efectos negativos sobre la economía y califica la decisión como una medida de corte populista.
Una de las voces más críticas ha sido la senadora Paloma Valencia, precandidata presidencial del Centro Democrático, quien señaló que el Gobierno no tuvo en cuenta otros incrementos en bienes y servicios derivados del decreto. En sus redes sociales comparó la medida con la política aplicada en México por Andrés Manuel López Obrador y cuestionó que Petro no hubiera avanzado previamente en la desindexación de salarios públicos frente al IPC, lo que —según dijo— pondría en riesgo las finanzas del Estado.
El presidente respondió que dichos cambios sí están en los planes del Gobierno, aunque aclaró que algunos requieren trámite legislativo. “¿Y quién te dice que no lo vamos a hacer? Algunos son por ley y por eso la indexación de precios por salario mínimo vital se hará por decreto ley en la emergencia que desataron ustedes en el Congreso”, escribió.
En otro de sus mensajes, Petro abordó las preocupaciones sobre el impacto del aumento salarial en las pequeñas empresas, que deberán asumir mayores costos laborales. En ese contexto, planteó que el “complemento ideal” para un salario vital es el impulso al crédito asociativo dirigido a micro y pequeñas empresas, tanto urbanas como rurales. Según explicó, este sector es el principal generador de empleo en el país y, por tanto, requiere protección mediante tasas impositivas diferenciales y créditos subsidiados, que —a su juicio— deberían funcionar como instrumentos de fomento desde el Banco de la República.
El mandatario anunció además que a comienzos de 2026 se convocaría una reunión del Grupo Bicentenario del Gobierno con asociaciones de micro y pequeñas empresas, así como con organizaciones de cooperativismo campesino y financiero, con el objetivo de poner en marcha una amplia política de crédito subsidiado.
Petro también se refirió a las advertencias de analistas sobre un eventual repunte inflacionario tras el aumento del salario mínimo. Aseguró que la inflación está más asociada al costo de los alimentos que al ajuste salarial y planteó como solución la reducción del precio de los insumos y una mayor entrega de tierras fértiles a los campesinos.
Finalmente, reaccionó a las versiones de sectores políticos que contemplan demandar el decreto ante el Consejo de Estado, recordando que en 2016 un aumento similar fue anulado. Frente a esa posibilidad, el presidente lanzó una advertencia: “Entonces se convocará el paro nacional. Los trabajadores no tienen por qué pagar la crisis de los especuladores financieros”.