Plenaria del Senado aprueba debate de control político a ministros del Gobierno por decreto de emergencia económica

En medio del receso legislativo de diciembre y a través de una sesión extraordinaria realizada de manera virtual, la plenaria del Senado aprobó la citación a un debate de control político contra varios ministros del gobierno del presidente Gustavo Petro, a raíz del decreto de emergencia económica con el que el Ejecutivo busca obtener recursos adicionales para el presupuesto de 2026.

La decisión se tomó luego de un amplio intercambio de posturas entre senadores de distintas bancadas, en el que se reiteraron las críticas a la medida adoptada por el Gobierno, especialmente por el uso de un estado de excepción para impulsar reformas fiscales que no han logrado consenso en el Congreso. De acuerdo con los cálculos oficiales, el paquete de medidas permitiría recaudar cerca de 16,3 billones de pesos, además de incluir la emisión de un bono de deuda por 23 billones de pesos, aspecto sobre el cual varios congresistas exigieron mayor claridad.

El debate fue impulsado por el senador Carlos Fernando Motoa, de Cambio Radical, quien contó con el respaldo de partidos como el Centro Democrático y el Partido Conservador. Motoa aseguró que no se puede convertir en una práctica recurrente el uso de emergencias económicas cuando las iniciativas del Ejecutivo son negadas o archivadas por el Legislativo. A su juicio, esta estrategia desconoce la voluntad del Congreso y pone en riesgo principios fundamentales del sistema democrático, por lo que consideró urgente que los ministros involucrados rindan cuentas ante el Senado.

La convocatoria de la sesión extraordinaria también generó un fuerte cruce de mensajes entre algunos miembros del gabinete y el presidente del Senado, Lidio García, quien defendió la legitimidad del encuentro. El senador liberal sostuvo que el Congreso es un poder independiente y que la Constitución le otorga facultades para reunirse en cualquier momento cuando la coyuntura lo amerite. Según García, ejercer control político no significa bloquear reformas, sino garantizar el equilibrio institucional y la defensa de la democracia.

A este pulso político se sumaron otros partidos de oposición que anunciaron acciones adicionales para intentar frenar la aplicación del decreto de emergencia. Estas reacciones se intensificaron luego de que la Corte Constitucional decidiera no estudiar la medida durante la vacancia judicial. Desde el Centro Democrático, colectividad liderada por el expresidente Álvaro Uribe Vélez, se anunció la promoción de una acción de tutela con el argumento de que la protección de los derechos ciudadanos no puede suspenderse durante el receso judicial. Uribe sostuvo que, ante la inactividad temporal de la Corte, este mecanismo debería proceder para evitar la aplicación de nuevos tributos.

Mientras avanza la controversia política y jurídica, el Gobierno ha comenzado a revelar algunos de los impuestos que harían parte del decreto de emergencia económica, aunque el texto definitivo aún no ha sido publicado. Entre las medidas anunciadas se encuentran cambios al impuesto al patrimonio, que reducirían el umbral a partir del cual se debe pagar este tributo, ampliando así la base de contribuyentes a quienes tengan patrimonios superiores a 2.000 millones de pesos, además de un aumento en las tarifas. Con este ajuste, el Ministerio de Hacienda estima un recaudo adicional de 1,7 billones de pesos en 2026.

También se contempla una sobretasa del 15 % al sector financiero, que elevaría la tarifa del impuesto de renta hasta el 50 %, con un recaudo proyectado de 1,2 billones de pesos para el próximo año. A esto se suma la normalización de patrimonios con una tarifa del 19 %, una figura ya aplicada en años anteriores, con la que el Gobierno espera obtener cerca de 613.600 millones de pesos.

El debate de control político aprobado por el Senado se perfila como un nuevo escenario de confrontación entre el Legislativo y el Ejecutivo, en un contexto marcado por tensiones institucionales y por la discusión de fondo sobre los límites del uso de los estados de excepción para atender necesidades fiscales del país.