Un inmueble que perteneció a los hermanos Miguel Rodríguez Orejuela y Gilberto Rodríguez Orejuela, antiguos jefes del Cartel de Cali, quedó oficialmente en manos del Estado tras un proceso de extinción de dominio adelantado en 2024.
Se trata del edificio donde operaba el Hotel Soacha Plaza, en el municipio de Soacha. La propiedad era administrada por la Sociedad de Activos Especiales (SAE), que decidió recuperar el control del predio luego de detectar incumplimientos contractuales por parte de los arrendatarios.
Según informó la SAE, el inmueble había sido arrendado, pero posteriormente fue subarrendado a terceros sin autorización expresa de la entidad, lo que constituyó una violación de las condiciones pactadas. Además, la explotación económica del bien se habría realizado de manera indebida.
Ante esta situación, la SAE ordenó el desalojo y retomó la posesión del predio con el objetivo de destinarlo a fines institucionales. La propiedad será entregada a la Personería Municipal de Soacha, que proyecta adecuarla como sede para fortalecer la atención ciudadana en temas de control y defensa de derechos humanos.
En el operativo participaron la Alcaldía de Soacha, la Personería, la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría General de la Nación, la Policía Nacional, el Cuerpo Oficial de Bomberos y la Policía de Infancia y Adolescencia, con el propósito —según la entidad— de garantizar el respeto por los derechos de las personas que se encontraban en el lugar.
Catalina Serrano, directora de Activos Inmuebles Urbanos de la SAE, señaló que la recuperación del inmueble responde al deber institucional de asegurar un manejo legal y transparente de los bienes incautados al narcotráfico.
Este caso se suma a otras decisiones recientes sobre activos provenientes de economías ilegales. En noviembre de 2025, la Agencia Nacional de Tierras (ANT) adjudicó dos predios rurales en el municipio de Zarzal a 190 familias agrupadas en la organización Minga de Cali.
Las fincas “La Lorena” (314 hectáreas) y “La Gloria” (222 hectáreas), que estaban bajo administración de la SAE, habían pertenecido a Jorge Tulio Arango, señalado por la justicia colombiana y por autoridades de Estados Unidos como presunto testaferro de Diego Montoya, alias “Don Diego”, uno de los líderes del Cartel del Norte del Valle.
De acuerdo con investigaciones judiciales en Estados Unidos, esa estructura criminal habría enviado entre 1990 y 2004 más de 1,2 millones de libras de cocaína a ese país, con un valor estimado en miles de millones de dólares.
La entrega de los predios se concretó tras reuniones encabezadas por el director de la ANT, Felipe Harman, con comunidades indígenas y afrodescendientes del Valle del Cauca, que reclamaban acceso a tierras para garantizar su permanencia y desarrollo productivo en el territorio.
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