Los representantes Óscar Benavides (Libres), Laura Beltrán (Pacto Histórico) y Mauricio Toro (Alianza Verde), junto con los senadores Duvalier Sánchez (Alianza Verde) y Jennifer Pedraza (Dignidad & Compromiso), han presentado un ambicioso proyecto de reforma al Consejo Nacional Electoral (CNE). Este cambio significativo en la estructura del CNE busca modificar su proceso de selección, trasladándolo a las altas cortes y a un concurso de méritos.
El proyecto de ley, que abarca 42 páginas, propone que las decisiones que afectan a los partidos y elecciones sean tomadas por personas ajenas a las colectividades políticas. Entre las principales propuestas se encuentran: que las altas cortes efectúen la elección de los consejeros, la prohibición de que se postulen candidatos o directivos de partidos durante los cuatro años anteriores a su elección, y la implementación de un proceso de selección basado en méritos.
El documento sugiere que la Comisión Nacional del Servicio Civil será responsable de organizar y convocar el concurso público de méritos, de donde se generará una lista de 30 elegibles. Posteriormente, la Corte Suprema seleccionará a tres, la Corte Constitucional a otros tres y el Consejo de Estado a otros tres consejeros para completar un total de nueve miembros del CNE. Esta norma comenzará a regir en 2030, coincidiendo con la elección de una nueva cohorte.
El proyecto no solo abarca aspectos organizativos, también implica una reforma a la Constitución que redefine las atribuciones del CNE. Se busca establecer mecanismos de articulación con la Registraduría para verificar el cumplimiento de requisitos de los candidatos a cargos de elección popular, y facilitar la cooperación entre autoridades para investigar irregularidades en la financiación de campañas electorales.
El proyecto cuenta con el respaldo de otros líderes políticos, incluidos el senador John Amaya (Alianza Verde) y representantes como Ferney Silva y Walter Rodríguez (Pacto Histórico). Además, Jorge Augusto Palacio y Camilo Torres (Pacto Histórico) han sumado sus firmas en apoyo a esta iniciativa legislativa.
Este desarrollo en la política colombiana podría transformar el panorama electoral, garantizando una mayor independencia del CNE y reforzando la integridad del proceso electoral en el país. Los detalles de esta propuesta siguen generando debate en el ámbito político y entre los ciudadanos, quienes están a la espera de su discusión y posible aprobación en el Congreso.
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