Procuraduría pone en marcha estrategia preventiva para proteger derechos humanos en la frontera con Venezuela

La Procuraduría General de la Nación activó un plan preventivo con el objetivo de garantizar la protección de los derechos humanos en las zonas fronterizas con Venezuela, ante los posibles efectos derivados de la captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro, y de su esposa, Cilia Flores, por parte de autoridades estadounidenses en la madrugada del 3 de enero de 2026.

Mediante una circular emitida este sábado, el procurador general Gregorio Eljach advirtió sobre los riesgos que la coyuntura regional podría representar para la población civil, en especial frente a un eventual agravamiento de la crisis humanitaria en la frontera. En el documento, recordó que la conducción de la política exterior corresponde constitucionalmente al presidente de la República, Gustavo Petro, e instó al Gobierno nacional a activar de forma inmediata los mecanismos necesarios para atender posibles afectaciones a los derechos fundamentales.

La entidad señaló que ha dispuesto todas sus capacidades institucionales para hacer presencia en los puntos fronterizos donde sea requerido, con el fin de adelantar actuaciones legales y constitucionales orientadas a la protección de la población y la prevención de vulneraciones de derechos.

Como parte de las medidas adoptadas, el procurador Eljach instaló desde las primeras horas del sábado una mesa permanente de alto nivel encargada de vigilar y monitorear de manera continua la evolución de la situación. En ese marco, convocó a la Defensoría del Pueblo y a las personerías municipales y distritales a coordinar acciones, atender requerimientos en territorio y reportar al nivel central, cada dos horas, cualquier novedad relacionada con la emergencia.

A través de la circular preventiva, la Procuraduría también exhortó a las entidades del orden nacional, departamental, distrital y municipal a activar sin dilaciones los protocolos de atención y garantía de derechos humanos. De igual forma, instruyó a las procuradurías regionales y provinciales ubicadas en zonas de frontera para que implementen un programa especial de acompañamiento.

Dicho programa contempla la articulación permanente con defensorías y personerías, la apertura de canales directos de comunicación con la ciudadanía, la verificación en terreno de las condiciones de seguridad y la identificación de zonas con mayor impacto por fenómenos migratorios o riesgos de vulneración de derechos.

Adicionalmente, el Ministerio Público dispuso que cualquier queja, observación o situación que pueda afectar la convivencia, la seguridad o el ejercicio de derechos en la región fronteriza sea reportada de manera inmediata a las autoridades nacionales, junto con recomendaciones de carácter preventivo.

El seguimiento de estas acciones estará a cargo de la Procuraduría Delegada Preventiva y de Control de Gestión para la Gobernanza Territorial y de la Procuraduría Delegada para la Defensa de los Derechos Humanos, instancias que recibirán reportes en tiempo real y balances diarios sobre alertas e indicadores de riesgo.

De acuerdo con la entidad, el objetivo de estas medidas es anticipar y prevenir afectaciones a los derechos humanos, el uso desproporcionado de la fuerza y eventuales impactos sobre la soberanía nacional, en un contexto de alta tensión regional con posibles repercusiones en el territorio colombiano.