La Procuraduría General de la Nación inició la revisión de un nuevo contrato suscrito para la elaboración de pasaportes, cuyo monto supera los COP 185.000 millones, al advertir posibles riesgos en su ejecución. El acuerdo fue firmado entre la Cancillería y la Imprenta Nacional, y se convierte en el cuarto convenio celebrado entre ambas entidades con el mismo propósito.
La alerta del Ministerio Público se conoce más de tres meses después de que interpusiera una demanda para buscar la nulidad del convenio internacional firmado entre la Cancillería, la Imprenta Nacional y la Casa de la Moneda de Portugal, al considerar que el proceso de fabricación de las libretas presentaba presuntas irregularidades.
En esta ocasión, la preocupación se centra en un nuevo contrato interadministrativo que contempla la producción, personalización, custodia y distribución de pasaportes. De acuerdo con la Procuraduría, el contrato fue publicado en el SECOP el pasado 29 de enero de 2026 y, aunque establece como fecha de terminación el 31 de diciembre de ese año, no fija una fecha clara de inicio.
La Procuraduría Primera Delegada para la Vigilancia de la Función Pública señaló que este es el cuarto acuerdo firmado entre la Cancillería y la Imprenta Nacional con un objeto similar. A este se suman los convenios interadministrativos número 007 de 2025, número 001 del 18 de julio de 2025 y otro suscrito con una entidad extranjera para cooperación, transferencia de conocimiento y puesta en marcha del proyecto de producción y personalización de las libretas de pasaporte.
Según el ente de control, los recursos comprometidos en los contratos relacionados con el suministro de pasaportes ascienden a COP 1,49 billones. Frente a este escenario, la Procuraduría anunció que evaluará la legalidad y conveniencia del nuevo contrato dentro de las acciones preventivas adelantadas por el caso, así como en el marco de las investigaciones disciplinarias en curso.
Cabe recordar que el pasado 16 de enero la Contraloría General de la República emitió un control de advertencia por los riesgos financieros, operativos y de planeación asociados al nuevo modelo de producción y suministro de pasaportes y otros documentos de viaje en el país.
Ese pronunciamiento se basó en el análisis de los contratos vigentes del esquema que se busca implementar, en desarrollo del Convenio de Cooperación Internacional suscrito entre el Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores, la Imprenta Nacional de Colombia y la Imprenta Nacional–Casa da Moeda S.A. de Portugal.
Para la Contraloría, existe un riesgo inminente para el patrimonio público, dado que no se cuenta con una estimación integral de los costos del nuevo modelo, lo que podría afectar las fuentes de financiación y la disponibilidad de recursos del Fondo Rotatorio. A ello se suman posibles aumentos en los costos operativos, el impacto del riesgo cambiario y eventuales retrasos en la ejecución del convenio, factores que pondrían en riesgo la sostenibilidad del esquema y la continuidad del servicio.
Entre las principales alertas, el organismo de control advirtió que no existe una proyección de costos por vigencia que permita determinar los compromisos financieros anuales ni establecer si los recursos actuales son suficientes para garantizar la prestación del servicio. Además, señaló que el convenio no define los valores que la Cancillería deberá pagar a la Imprenta Nacional por la personalización de los documentos, pese a que existen herramientas técnicas para calcular dichos costos.