Tras conocerse el borrador del decreto con el que el Gobierno eliminaría la prima de servicios de los congresistas —lo que en la práctica representa una disminución cercana a 15 millones de pesos mensuales— los ministros de Trabajo, Antonio Sanguino, y de Hacienda, Germán Ávila, ratificaron la iniciativa durante una rueda de prensa.
Ambos funcionarios explicaron que la decisión cuenta con respaldo de la Corte Constitucional y responde a criterios de equidad, teniendo en cuenta el elevado nivel de ingresos que perciben senadores y representantes. El ministro Sanguino sostuvo que no se trata de “quitarle” el salario a los congresistas, sino de corregir una situación que calificó como un “acto de justicia” para la ciudadanía, al reversar un beneficio que describió como un “regalo” otorgado durante el gobierno de Juan Manuel Santos.
El anuncio provocó múltiples reacciones entre los legisladores, principalmente a través de redes sociales. El senador Iván Cepeda, candidato presidencial del Pacto Histórico, respaldó la medida y la enmarcó dentro de una política de austeridad. “Es una decisión de elemental justicia social y el inicio de la austeridad republicana que he defendido. Es momento de que las y los congresistas asumamos nuestro rol como servidores públicos, sin buscar privilegios ni beneficios particulares”, afirmó.
Desde el mismo sector político, la representante María Fernanda Carrascal defendió la eliminación de la prima y criticó a quienes, según ella, cuestionan el aumento del salario mínimo mientras buscan mantener ese beneficio. También recordó que algunos de esos congresistas respaldaron el recorte de recursos al Gobierno como una forma de retaliación política contra el presidente Petro.
Por su parte, la senadora Angélica Lozano, de la Alianza Verde, consideró acertada la iniciativa y recordó que en el pasado se intentó eliminar la prima mediante proyectos de ley que no prosperaron. “En 2023, el Senado aprobó por unanimidad la eliminación de la prima de congresistas, pero la propuesta se hundió en tercer debate en la Cámara”, señaló.
En la misma línea se pronunció la representante Catherine Juvinao, también de la Alianza Verde, quien manifestó su respaldo total a la decisión. “Estoy completamente de acuerdo con eliminar la prima de servicios. El presidente tenía la facultad de hacerlo desde el inicio y espero que esta vez se concrete. No es populismo, es justicia social y ética pública”, afirmó.
Hasta ahora, desde los sectores de oposición —que han sido críticos del incremento del salario mínimo, que alcanzó los 2 millones de pesos incluyendo el auxilio de transporte— no se han registrado pronunciamientos de peso frente al decreto, que sería expedido en las próximas horas.
Finalmente, los ministros Sanguino y Ávila indicaron que el Gobierno evalúa otras medidas que podrían afectar al Congreso, como una posible reducción de los recursos destinados al pago de asesores, aunque aclararon que, por el momento, no existe una decisión definitiva al respecto.
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