Una nueva controversia rodea al programa Jóvenes en Paz, una de las apuestas sociales del gobierno del presidente Gustavo Petro. La Unión Temporal Territorio y Paz (UTTYP) presentó ante la Procuraduría General de la Nación una solicitud de conciliación, en la que reclama presuntos incumplimientos por parte del Ministerio de Igualdad y exige el pago de cerca de $2.337 millones asociados a la liquidación de un contrato.
De acuerdo con el documento, conocido por El Espectador, la petición fue radicada ante procuradores judiciales para asuntos administrativos. En ella, la UTTYP sostiene que el Fondo para la Superación de Brechas de Desigualdad Poblacional e Inequidad Territorial (Fonigualdad) no ha adelantado las gestiones necesarias para cerrar formalmente el convenio, lo que habría impedido el desembolso de los recursos pendientes.
El monto reclamado se divide en dos rubros principales. Por un lado, $1.196 millones estarían destinados al pago de mujeres gestantes que se encuentran en periodo de licencia. Por otro, $1.141 millones corresponderían a obligaciones pendientes con 175 proveedores que suministraron bienes y servicios durante la ejecución del programa.
En el escrito, la unión temporal señala que, pese a haber transcurrido más de tres meses desde la finalización del convenio, el supervisor designado no ha presentado el informe final exigido contractualmente. Según la organización, ese documento es indispensable para que Fonigualdad pueda reconocer y girar los recursos adeudados, tanto a las beneficiarias como a los proveedores. La UTTYP advierte que, de no resolverse la liquidación, los pagos no podrán realizarse una vez se agoten los recursos disponibles en cuentas bancarias, previsto para mayo de 2026.
Este medio intentó conocer la posición del Ministerio de Igualdad a través del viceministro de Juventudes, Pablo Zabala, pero hasta el cierre de esta publicación no se obtuvo respuesta oficial sobre la solicitud de conciliación.
La disputa entre ambas partes no es nueva. Meses atrás, El Espectador reveló que las diferencias entre Minigualdad y la UTTYP habían puesto en riesgo la ejecución del programa y la administración de los $175.000 millones asignados. En ese momento, el viceministro Zabala afirmó que la unión temporal no estaba preparada para asumir el “reto operativo” del proyecto y aseguró que se presentaron incumplimientos contractuales, razón por la cual se suspendieron los pagos.
En declaraciones previas, Zabala cuestionó la idoneidad del operador seleccionado y señaló que, aunque contaba con experiencia social en territorios excluidos, no tenía el conocimiento técnico necesario para gestionar un programa de esa magnitud.
Desde la UTTYP, sin embargo, han rechazado esas acusaciones. Sus representantes aseguran que cumplieron con todos los requisitos exigidos y que nunca recibieron un informe formal en el que se detallaran los supuestos incumplimientos. Además, recuerdan que su participación se dio tras una invitación directa del propio Ministerio de Igualdad, bajo la modalidad de contratación directa.
En un comunicado emitido en mayo, la unión temporal sostuvo que los retrasos en la implementación de Jóvenes en Paz se debieron a dificultades técnicas, tecnológicas y operativas atribuibles al Ministerio, las cuales habrían afectado el desarrollo del programa.
Tras la terminación del contrato original, y según la versión de la UTTYP, el proceso de liquidación aún no se ha completado. Entretanto, el programa entró en una etapa de transición que incluyó la firma de un otrosí con la misma unión temporal. Recientemente, el entonces ministro de Igualdad, Juan Carlos Florián, confirmó la suscripción de un nuevo convenio, con el que se retomó la ejecución del programa en los territorios.