El decreto expedido por el Gobierno en 2026 que reduce la remuneración de los congresistas podría tener consecuencias más amplias de lo previsto, al afectar los ingresos de jueces, fiscales y magistrados en distintas instancias del país. La medida ha generado preocupación dentro de la Rama Judicial por sus eventuales implicaciones laborales e institucionales.
La Corporación de Jueces y Magistrados de Colombia (Corjusticia) expresó su inquietud frente al Decreto 0030 de 2026, mediante el cual el Ejecutivo disminuyó el salario mensual de los parlamentarios. Según la organización, esta decisión impactaría de manera directa el régimen salarial de procuradores, fiscales, jueces y magistrados, debido a los criterios de referencia establecidos en la normativa vigente.
En un pronunciamiento público, Corjusticia señaló que, aunque el Gobierno justificó la medida bajo lineamientos de austeridad, en la práctica se estaría alterando el esquema salarial definido por la Ley 4 de 1992. Esto, advirtió, produciría un “efecto en cadena” que se traduciría en una reducción generalizada de los ingresos de funcionarios judiciales y de otros servidores públicos.
La corporación alertó que el recorte podría afectar de forma significativa la estabilidad económica y la calidad de vida de los funcionarios de la Judicatura y de sus familias. Asimismo, sostuvo que la decisión desconoce derechos salariales ya consolidados y vulnera el principio de no regresividad en materia laboral.
Corjusticia también advirtió sobre posibles riesgos para la independencia judicial, al considerar que este tipo de medidas pueden interpretarse como una forma de presión o control indirecto sobre el Poder Judicial, lo que podría derivar en tensiones y conflictos institucionales.
Ante este panorama, la organización —que hace parte de la Federación Latinoamericana de Magistrados y de la Unión Internacional de Magistrados— instó al Gobierno Nacional a adoptar acciones que eviten afectaciones al talento humano del sistema judicial. De igual forma, solicitó a la Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial, al Consejo Superior de la Judicatura y a los organismos de control que adelanten las gestiones necesarias para enfrentar los posibles efectos del decreto.
Finalmente, Corjusticia hizo un llamado a los sindicatos y a las distintas organizaciones de la Judicatura, la Procuraduría y la Fiscalía, así como a los servidores públicos potencialmente afectados, para coordinar esfuerzos en defensa de sus derechos laborales. La corporación anunció además que impulsará espacios de diálogo y cooperación interinstitucional, junto con acciones conjuntas a nivel nacional e internacional, con el fin de definir estrategias frente a la aplicación del decreto.