Reforzar la seguridad alimentaria en medio de la inestabilidad geopolítica (análisis)

“Aunque Colombia produce la mayoría de alimentos frescos como frutas y hortalizas, depende de importaciones en varios rubros”, sostiene Felipe Roa-Clavijo, académico de la Universidad de Los Andes.

Durante un destacado discurso pronunciado semanas atrás en Davos, el primer ministro de Canadá, Mark Carney, subrayó un punto crucial: la seguridad alimentaria constituye un componente de la seguridad nacional. “Un país que no puede alimentarse a sí mismo tiene opciones muy limitadas. Cuando las reglas no te resguardan, debes protegerte por tu cuenta”, afirmó.

Sus palabras cobran especial relevancia en el contexto actual. Las tensiones geopolíticas y la escalada de medidas arancelarias están impactando de manera directa las cadenas globales de suministro de alimentos. Estas alteraciones pueden reflejarse en mayores costos de importación tanto de productos alimentarios como de insumos esenciales para su producción, lo que termina comprometiendo la estabilidad alimentaria de los Estados.

En el caso colombiano, Estados Unidos ha introducido diversos cambios en los aranceles aplicados al comercio bilateral. Más recientemente, la decisión de imponer un gravamen del 30 % a las importaciones provenientes de Colombia hacia Ecuador representa un riesgo significativo, no solo en el ámbito energético —que ha concentrado buena parte de la discusión pública—, sino también en el abastecimiento y la dinámica comercial de alimentos.

Si bien el país cubre internamente la mayor parte de su oferta de productos frescos, mantiene una alta dependencia externa en otros segmentos. Importa la mayoría de los granos, como el trigo destinado a la producción de pan y pasta, así como el maíz y la soya, insumos fundamentales para las industrias porcina y avícola. También depende de insumos agrícolas estratégicos, entre ellos los fertilizantes. Hace tres años, en el marco de la guerra en Ucrania, Colombia —al igual que muchos otros países— enfrentó una escasez de fertilizantes que generó incertidumbre y presionó al alza los precios de los alimentos.

Estas tensiones internacionales se superponen a una realidad interna preocupante: el 25,5 % de la población colombiana experimenta inseguridad alimentaria moderada o grave, mientras que el 5 % enfrenta inseguridad alimentaria grave. En términos absolutos, esto equivale a 14,4 millones y 2,7 millones de personas, respectivamente. Detrás de estas cifras hay hogares que atraviesan dificultades para garantizar su alimentación diaria, personas que pasan jornadas enteras sin comer, comunidades afectadas por la violencia que, debido al desplazamiento, pierden acceso a los alimentos, y niños y niñas que padecen desnutrición.

A escala nacional, la inseguridad alimentaria ha mostrado una reducción, pero el avance ha sido lento. Resulta aún más alarmante que en las zonas rurales la tendencia sea al alza, como evidencian los datos recientes.

Entre 2023 y 2024, los mayores progresos en la disminución de la inseguridad alimentaria se registraron en Arauca (-9,9 %), Meta (-7,7 %) y Bogotá (-7,3 %). No obstante, en ese mismo periodo se observaron incrementos significativos en Chocó (+17,4 %), Córdoba (+17 %) y Vichada (+11,7 %).

En los últimos cuatro años se han producido avances relevantes en el plano legislativo y en la formulación de políticas públicas, como la incorporación del derecho humano a la alimentación y el reconocimiento del campesinado en la Constitución, además de la figura de los Territorios Campesinos Agroalimentarios, entre otros desarrollos. Sin embargo, estas conquistas normativas aún no se traducen en mejoras sustanciales en los indicadores de seguridad alimentaria.

Colombia debe afrontar estos retos en un entorno internacional incierto y, además, bajo presiones adicionales que agravan el panorama: la crisis climática —evidente recientemente en la región Caribe— y las dinámicas del conflicto territorial, que en distintas zonas generan confinamientos y desplazamientos forzados de comunidades enteras, configurando una crisis humanitaria más amplia.

Las aceleradas transformaciones del escenario global y la creciente incertidumbre deberían servir como advertencia para que el país ubique la seguridad alimentaria como una prioridad central en la agenda pública de los próximos cuatro años.