Luego del cierre del plazo para la entrega de firmas con las que varios aspirantes buscan obtener el aval de sus candidaturas presidenciales, la Registraduría Nacional alertó sobre presuntas irregularidades en el material presentado. El registrador Hernán Penagos aseguró que algunos precandidatos habrían intentado cometer fraudes mediante la entrega de fotocopias y formularios sin diligenciar.
En total, 22 aspirantes que optan por la vía de las firmas tenían hasta el 17 de diciembre de 2025 para radicar los apoyos ciudadanos requeridos ante la autoridad electoral. A través de este mecanismo, buscan cumplir los requisitos legales para participar en la contienda presidencial de este año.
De acuerdo con cifras de la Registraduría, fueron entregadas cerca de 28 millones de firmas, una cantidad que casi triplica la registrada en las elecciones presidenciales de 2022. Entre quienes reportaron mayor volumen de apoyos figuran Abelardo de la Espriella, Carlos Caicedo y Mauricio Lizcano.
El organismo electoral tiene plazo hasta el próximo 21 de enero para determinar qué aspirantes logran el aval, para lo cual deben acreditar al menos 635.000 firmas válidas y debidamente verificadas. No obstante, el proceso ha evidenciado anomalías que podrían afectar a varios de los precandidatos.
En declaraciones a El Espectador, el registrador Penagos afirmó que en uno de los casos se detectaron cerca de 800.000 firmas, de las cuales una proporción significativa correspondía a simples fotocopias. Según explicó, también se identificaron formularios diligenciados de manera irregular, incluso con distintos tipos de impresión, lo que consideró un intento deliberado por engañar a la entidad.
Adicionalmente, la Registraduría encontró alrededor de 600.000 formularios que estaban completamente en blanco. Penagos subrayó que el mecanismo de recolección de firmas es una herramienta democrática que debe protegerse y no desvirtuarse con prácticas indebidas.
Frente al reto que implica revisar un volumen tan alto de apoyos ciudadanos, el registrador indicó que la entidad cuenta con sistemas de analítica de datos e inteligencia artificial para apoyar la verificación. A esto se suma el trabajo de más de 500 funcionarios supernumerarios y un equipo especializado de grafólogos encargados de analizar la autenticidad de la información.
Penagos reconoció que se trata de una tarea exigente, pero aseguró que la Registraduría cumplirá con el cronograma establecido y con altos estándares de rigor técnico. Finalmente, anunció que a partir del lunes 5 de enero comenzarán a divulgarse los nombres de los precandidatos que sí cumplen con los requisitos para obtener el aval político.
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