En medio del creciente ambiente electoral por las campañas al Congreso y a la Presidencia, la Registraduría Nacional reiteró que el calendario electoral se mantiene intacto y que el sistema está preparado para garantizar comicios transparentes. Así lo afirmó el registrador nacional, Hernán Penagos, quien subrayó que en Colombia no existe base legal alguna que permita suspender o postergar elecciones.
Las declaraciones se producen luego de un inicio de año marcado por tensiones políticas y diplomáticas, especialmente tras el reciente episodio de confrontación entre Colombia y Estados Unidos, que en los últimos días ha entrado en una etapa de distensión. En este contexto, la autoridad electoral quiso despejar dudas sobre la solidez institucional del proceso.
Penagos confirmó que todo está dispuesto para que el próximo 8 de marzo se elija un nuevo Congreso y que el 31 de mayo se lleve a cabo la primera vuelta presidencial. Indicó además que ya se encuentran en funciones misiones de observación internacional, como la de la Unión Europea, así como veedurías nacionales, con el objetivo de garantizar la legalidad y transparencia de las votaciones.
En diálogo con El Espectador, el registrador sostuvo que el país cuenta con suficientes salvaguardas para evitar fraudes electorales. No obstante, reconoció que, como en cualquier proceso que involucra a miles de personas, pueden presentarse errores humanos, los cuales no deben confundirse con delitos.
Según explicó, el sistema electoral colombiano descansa en una amplia red de actores independientes. Cerca de 700.000 jurados de votación son los encargados del conteo inicial de los votos, mientras que aproximadamente 9.600 personas integran las comisiones escrutadoras, responsables de consolidar y declarar los resultados en municipios y ciudades. En estas instancias participan jueces, notarios y registradores de instrumentos públicos, además de testigos electorales designados por los partidos políticos. De hecho, las 28 colectividades con personería jurídica tienen la posibilidad de acreditar un testigo por cada una de las cerca de 125.000 mesas de votación en el país.
Frente a los cuestionamientos planteados desde distintos sectores políticos —incluidos el presidente Gustavo Petro y algunas organizaciones de izquierda— sobre una supuesta falta de garantías, Penagos reiteró que el proceso está completamente abierto a la vigilancia. Aseguró que los partidos y movimientos políticos pueden ejercer veeduría en todas las etapas, incluso en la revisión de los sistemas informáticos utilizados durante las elecciones.
“El ordenamiento jurídico colombiano no contempla ninguna circunstancia que permita cancelar o aplazar elecciones nacionales, ni por razones de orden público ni por situaciones de emergencia”, enfatizó el registrador. Añadió que, como Estado constitucional, Colombia tiene reglas claras que obligan a la realización de los comicios en las fechas establecidas, garantizando transparencia e integridad.
De cara a las próximas semanas, la Registraduría también deberá pronunciarse sobre otros asuntos clave del calendario electoral. El 21 de enero vence el plazo para definir cuáles de los aspirantes presidenciales por firmas cumplen con los requisitos exigidos; hasta ahora, seis han sido avalados y otros seis descartados. Adicionalmente, se espera una decisión sobre si el comité impulsado por el Gobierno para promover una eventual asamblea constituyente cumple con las condiciones necesarias para iniciar la recolección de firmas.