Investigación sobre amenazas a magistrados
El presidente Abelardo de la Espriella ha ordenado una inspección en la celda de Juan Francisco Gómez Cerchar, conocido como Kiko Gómez, exgobernador de La Guajira. Esta medida se toma tras recientes denuncias de magistrados de la Corte Suprema sobre amenazas dirigidas hacia ellos debido a decisiones judiciales en contra de Gómez.
Medidas de seguridad para la Corte Suprema
Durante una reunión con la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia, el presidente de la República confirmó que se revisaron las pertenencias de Gómez en la cárcel de La Dorada, donde se encontró un celular. “Entramos con el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) a su celda, y vamos a hacer la investigación”, comentó De la Espriella. Además, advirtió que, de ser necesario, se trasladaría al exgobernador para garantizar la seguridad de los magistrados. “Aquí nadie va a amenazar a la Corte”, aseveró.
Contexto de las amenazas
Las alertas sobre las amenazas se hicieron públicas el 2 de septiembre, cuando el magistrado José Joaquín Urbano envió una carta al presidente de la Sala Penal, Carlos Roberto Solórzano. En la misiva, Urbano señaló que, tras la condena a Gómez por homicidio agravado, procuradores relacionados con el caso expresaron su inquietud sobre la seguridad de los magistrados. A este contexto se suma el incidente ocurrido el 1 de septiembre, en el que se halló una bala y una ventana rota en el edificio de la Procuraduría, lo que aumentó la alarma sobre la seguridad.
Respuesta de la comunidad judicial
El presidente de la Corte Suprema, Iván Mauricio Lenis, subrayó la importancia de abordar las amenazas con seriedad. “Ningún funcionario judicial debe afrontar amenazas o riesgos por cumplir con su función”, aseguró. El magistrado agradeció a la Policía Nacional por su rápida intervención y sus medidas preventivas para asegurar la seguridad de los magistrados y del Palacio de Justicia.
Defensa de Kiko Gómez
Por su parte, Juan Felipe Criollo Figueroa, abogado de Kiko Gómez, expresó el rechazo de su cliente y su familia ante las acusaciones. Según él, las afirmaciones realizadas por Urbano son graves y dañan la reputación de Gómez. Criollo insistió en que Gómez no tiene relación alguna con los hechos denunciados y solicitó a las autoridades investigar a fondo para esclarecer la situación.
El abogado argumentó que las acusaciones irresponsables no solo afectan la honra de Gómez Cerchar, sino que también ponen en riesgo la seguridad de su familia. Además, hizo un llamado para que la indagación se llevara a cabo de manera seria y exhaustiva, con el fin de identificar a los verdaderos responsables detrás de las amenazas.
Conclusión
La situación sigue en desarrollo y se espera que las investigaciones logren clarificar las circunstancias alrededor de las amenazas a los magistrados, así como la posible conexión del exgobernador Kiko Gómez con estos incidentes. La comunidad judicial se mantiene en alerta mientras se implementan las medidas de seguridad necesarias para proteger a quienes ejercen la justicia en Colombia.