La negociación del salario mínimo para 2026 entra este martes en su fase decisiva. En la mesa de concertación, empresarios y trabajadores comienzan a mostrar sus cartas en un debate que, como cada año, enfrenta visiones económicas opuestas y que esta vez llega cargado de tensiones adicionales.
Las centrales obreras —CUT, CGT y CTC— presentarán una propuesta conjunta de incremento que, según han anticipado, no bajará de los dos dígitos. En contraste, los gremios empresariales, encabezados por la ANDI, ACOPI y la SAC, prepararían una cifra más cercana a la inflación observada y a la productividad.
Desde primeras horas del día, los delegados se reúnen en el Ministerio de Trabajo, donde ya recibieron los principales insumos técnicos del Banco de la República y del Departamento Nacional de Planeación. Entre estos se encuentran las proyecciones de inflación para el cierre de 2025 y para 2026, variables clave en una discusión que busca equilibrar poder adquisitivo y estabilidad económica.
El ministro de Trabajo explicó que, tras analizar estos datos, las partes entraron en un receso para afinar sus propuestas. Los gremios, en particular, optaron por esperar la cifra que planteen los sindicatos antes de ajustar su posición definitiva.
De acuerdo con lo anunciado por las centrales obreras, la propuesta sindical estaría alineada con la visión expresada recientemente por el ministro del Interior, Armando Benedetti, quien sugirió que el salario mínimo podría ubicarse alrededor de COP 1.800.000, incluyendo el auxilio de transporte. Con estas cifras sobre la mesa, se abre formalmente la puja.
El calendario es estrecho. La mesa tiene plazo hasta el 15 de diciembre para alcanzar un acuerdo. De no lograrlo, se habilitaría una prórroga corta y, si aun así no hay consenso, el presidente Gustavo Petro fijará el aumento mediante decreto.
Dos visiones enfrentadas
El desacuerdo estructural entre empresarios y trabajadores vuelve a marcar la discusión. Desde el sector empresarial se insiste en que un incremento elevado del salario mínimo incrementa los costos laborales, limita la generación de empleo formal y empuja a las empresas a trasladar esos mayores costos a los precios, alimentando la inflación.
Este argumento cobra mayor peso este año por la entrada en vigencia de la reforma laboral, que incrementará los costos asociados a la jornada nocturna y a los recargos por trabajo en días de descanso.
Las centrales obreras, por su parte, sostienen que un aumento significativo fortalece el poder de compra de los trabajadores, impulsa el consumo interno y genera un efecto dinamizador sobre la economía, que podría traducirse en más ventas y mayor contratación.
El presidente Petro ha respaldado públicamente esta visión. En distintos pronunciamientos ha señalado que, pese a los incrementos importantes del salario mínimo en los últimos años, el desempleo ha disminuido. En octubre, de hecho, la tasa se ubicó en 8,2 %, el nivel más bajo para ese mes desde 2017.
Desde el Banco de la República, el gerente Leonardo Villar ha planteado una postura intermedia. Reconoce que aumentos excesivos pueden presionar la inflación, pero también admite que un ajuste adecuado del ingreso mínimo puede generar un círculo virtuoso de mayor demanda. El reto, ha dicho, es encontrar un punto de equilibrio que maximice beneficios sin comprometer la estabilidad de precios.
El debate del salario “vital y móvil”
Un elemento adicional en la negociación de este año es la insistencia del Gobierno en avanzar hacia el concepto de salario mínimo vital y móvil. Según el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, esta figura busca garantizar un ingreso suficiente para cubrir las necesidades básicas de un hogar, como alimentación, vivienda, salud y educación.
De acuerdo con estimaciones de la OIT, un salario con estas características podría rondar los COP 3 millones mensuales para una familia de cuatro personas, una cifra que hoy parece más un horizonte político que una meta inmediata.
Firmas de consultoría como Crowe Co advierten que este enfoque introduce un componente más social que técnico en la discusión. Mientras el Gobierno lo plantea como un objetivo de bienestar, los gremios defienden la fórmula tradicional basada en inflación y productividad.
El verdadero impacto, advierten, no estará solo en el porcentaje final, sino en los efectos de indexación. Tarifas, contratos y cobros atados al salario mínimo se ajustarán automáticamente en enero, afectando tanto a hogares como a pequeñas empresas, incluso antes de que el aumento se refleje en ingresos reales.
Un acuerdo cuesta arriba
Las señales no son alentadoras para una concertación. Fenalco anunció desde septiembre que no participará en la mesa, al considerar que el resultado ya estaría definido por el Gobierno. Aunque la ANDI y la SAC sí asistirán, han advertido que el Ejecutivo podría inclinarse por un incremento cercano al 11 %.
El contexto político tampoco ayuda. Al tratarse de un año preelectoral, el debate corre el riesgo de contaminarse de intereses distintos a los estrictamente técnicos.
A esto se suma la presión inflacionaria. La meta del Banco de la República de llevar la inflación al 3 % se ha postergado y, según las proyecciones más recientes, solo se alcanzaría en 2027. Un aumento excesivo del salario mínimo podría ralentizar el proceso de desaceleración previsto para los próximos años.
Así, la discusión arranca con más interrogantes que certezas, en un escenario donde el desafío no es solo fijar una cifra, sino evitar que el ajuste termine generando efectos adversos para la economía en su conjunto.