El alto tribunal decretó la suspensión provisional del incremento y solicitó la expedición de un nuevo decreto temporal. Los ministros de Trabajo e Interior cuestionaron la medida y advierten que genera incertidumbre entre los trabajadores formales.
El Consejo de Estado ordenó frenar de manera provisional el pago del aumento del 23 % del salario mínimo previsto para 2026, mientras estudia una demanda que busca anular el decreto expedido por el gobierno del presidente Gustavo Petro.
Frente a la decisión, el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, afirmó que se trata de una mala noticia, “no para el Gobierno sino para los trabajadores”, quienes estaban percibiendo COP 1.750.905 mensuales y hasta COP 2.000.000 al incluir el auxilio de transporte.
El presidente Petro expresó su desacuerdo con la suspensión y sostuvo que esta determinación “pone en riesgo la Constitución”, al considerar que no se puede afectar el poder adquisitivo del salario ni desconocer las competencias del Ejecutivo en materia salarial.
El titular de la cartera laboral argumentó que las cifras de inflación correspondientes a enero evidencian que el denominado salario vital no ha generado impactos negativos y que el comportamiento reciente de la economía ofrece señales favorables que respaldan la decisión adoptada por el Gobierno. Asimismo, calificó de “inhumana” la resolución judicial al dejar en un escenario de incertidumbre a los empleados formales.
Cabe recordar que el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) reportó que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de enero fue de 1,18 %, lo que ubicó la variación anual en 5,35 %.
Por su parte, el ministro del Interior, Armando Benedetti, defendió en entrevista con Blu Radio el aumento del salario mínimo al señalar que se fundamenta en el concepto de salario vital, calculado a partir del costo de la canasta familiar y de parámetros asociados a estándares internacionales.
También la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, manifestó su inconformidad con la decisión. A través de redes sociales afirmó que cada vez que se busca avanzar en justicia social surgen sectores que intentan frenarlo, y sostuvo que el país debe identificar quién respalda a la ciudadanía y quién protege privilegios.
¿Qué ocurrirá con el salario mínimo?
La Sección Segunda del alto tribunal explicó que la medida cautelar resulta necesaria para evitar que continúen los pagos ordenados por un decreto que, según la demanda, no habría cumplido con los requisitos legales exigidos.
Además, dispuso que en un plazo de ocho días se expida un nuevo decreto que establezca un aumento transitorio del salario mínimo, vigente mientras se adopta una decisión definitiva. La suspensión del decreto inicial solo entrará en efecto cuando esté listo el nuevo acto administrativo, por lo que el valor actual de la nómina se mantiene hasta ese momento.
Sobre la orden de emitir un decreto provisional, Benedetti la calificó como “bastante surrealista” y señaló que contemplar un salario mínimo temporal podría acarrear complicaciones difíciles de prever.
El ministro advirtió que la preocupación no se limita a quienes devengan el salario mínimo, sino que se extiende a todos los trabajadores formales, ya que el porcentaje de incremento funciona como referencia para múltiples escalas salariales, lo que podría generar efectos en cadena mientras se resuelve el fallo definitivo.
El presidente Petro defendió nuevamente el decreto al asegurar que cumple con todos los criterios económicos pertinentes. En ese sentido, indicó que el nuevo decreto transitorio atenderá las disposiciones constitucionales mientras el Consejo de Estado adopta una decisión de fondo. Aunque manifestó respeto por el fallo judicial, dejó claro que actuará conforme a su interpretación de la Constitución, lo que sugiere que el ajuste podría mantenerse en términos similares.
Ante el panorama, el ministro Sanguino recomendó a los empleadores continuar pagando los salarios tal como lo hicieron en enero, dado que el Gobierno presentará los recursos legales correspondientes y defenderá el concepto de salario vital.
Finalmente, el titular de Trabajo cuestionó que la decisión del Consejo de Estado no respetó los plazos inicialmente establecidos para que el Ejecutivo presentara la sustentación técnica del incremento del 23 %, ya que contaba hasta el 24 de febrero para exponer sus argumentos.