Se abre debate por el cumplimiento de la ley de encuestas en pleno año electoral

A medida que se acelera la carrera por el Congreso y la Presidencia, crece también la controversia sobre la forma en que se están realizando y publicando las encuestas de intención de voto. Sectores políticos, observadores electorales e incluso algunos aspirantes han puesto en duda si los estudios divulgados en los últimos meses cumplen plenamente con la Ley 2494 de 2025, que reformó de manera sustancial las reglas del juego.

La norma, sancionada en julio del año pasado, introdujo exigencias más estrictas para las firmas encuestadoras: ampliación del tamaño de las muestras, reducción del margen de error a un máximo del 3 %, cobertura obligatoria de las seis regiones del país y fichas técnicas más robustas. A ello se sumó una “veda” que prohibió la realización y publicación de encuestas entre julio y el 31 de octubre de 2025.

Desde que esa restricción terminó, el 1 de noviembre, se han publicado cinco encuestas presidenciales: Cifras y Conceptos (5 de noviembre), Centro Nacional de Consultoría (18 de noviembre), Invamer (1 de diciembre), AtlasIntel (10 de enero) y GAD3 (18 de enero). Sus resultados, que coinciden en ubicar a figuras como Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella en los primeros lugares, han generado ruido no solo por las cifras, sino por los métodos empleados.

Dudas sobre metodologías y representatividad

Una de las principales inquietudes gira en torno a la construcción de las muestras. Diego Rubiano, coordinador del Observatorio Político Electoral de la Misión de Observación Electoral (MOE), señaló que persisten interrogantes sobre la representatividad de los encuestados y los mecanismos utilizados para garantizarla.

El debate se intensificó especialmente con las dos encuestas publicadas en 2026, ya que ambas recurrieron a metodologías en línea o telefónicas. Para algunos sectores, esto podría vulnerar el espíritu de la ley al no asegurar, desde la estadística, una participación equitativa de la población, especialmente en zonas con menor acceso digital.

Las encuestadoras, sin embargo, defienden su proceder. Desde GAD3 explicaron que la selección de números telefónicos se hace mediante un software propio que permite identificar la ubicación regional del encuestado, incluso si este desconoce su código postal, y aseguraron que se aplicaron ponderaciones demográficas completas.

Sobre la amplia lista de aspirantes, la firma sostuvo que la fragmentación actual es propia del momento preelectoral y que, conforme se acerquen las inscripciones formales, el escenario se reducirá. No obstante, desde la MOE advierten que mantener demasiadas opciones abiertas puede limitar análisis más precisos, como los escenarios de segunda vuelta, al reducir el tamaño efectivo de la muestra por candidato.

AtlasIntel, por su parte, explicó que su metodología incluye mecanismos de control similares a los usados en Europa y Estados Unidos. El acceso a la encuesta está restringido mediante tokens únicos que impiden la duplicación de respuestas y la integración de resultados externos, con el fin de preservar la integridad de los datos.

El papel del Consejo Nacional Electoral

La Ley 2494 también asignó responsabilidades claras al Consejo Nacional Electoral (CNE), entre ellas la creación de una Comisión Técnica de Encuestas, integrada por cinco expertos en estadística con experiencia en muestreo probabilístico. Esa comisión fue conformada en 2025, según la Resolución 10683, con profesionales de la Universidad Nacional (sedes Bogotá y Antioquia).

Sin embargo, hasta ahora, la comisión no ha emitido pronunciamientos públicos sobre las encuestas divulgadas tras la veda. Este silencio, sumado al retraso en la publicación de fichas técnicas en las plataformas del CNE —incluidas las dos encuestas de 2026—, ha encendido alertas.

Angélica Lozano, senadora de Alianza Verde y una de las autoras de la ley, señaló que, aunque a su juicio las encuestas cumplen la norma, el problema está en la falta de aplicación visible por parte del órgano regulador. En una línea similar, Clara López, del Pacto Histórico, afirmó que la ley se está respetando, pero recordó que, en el caso presidencial, las encuestas deberían centrarse en candidaturas oficialmente inscritas, proceso que inicia el 30 de enero, y no en listas amplias de precandidatos.

La senadora Paloma Valencia, también autora de la ley y aspirante presidencial, declinó pronunciarse sobre el tema.

Respuesta del CNE y escenario por venir

El presidente del CNE, Cristian Quiroz, aseguró que la comisión técnica ya está en funcionamiento y actúa con autonomía. Según explicó, el organismo electoral espera los informes de ese cuerpo especializado y eventuales denuncias formales para proceder, subrayando que el CNE no interviene directamente en el análisis técnico de las encuestas.

Los cinco integrantes de la comisión, consultados por este diario, indicaron que cualquier comunicación debe canalizarse a través del CNE y con su autorización. Hasta el cierre de esta edición, no hubo respuesta oficial.

Mientras persisten las dudas y cruces de interpretaciones, el calendario avanza. Antes del 8 de marzo, fecha de las consultas y de la elección del nuevo Congreso, el país conocerá al menos tres nuevos estudios de opinión, en un clima donde la credibilidad de las encuestas se ha convertido en un asunto tan político como los resultados que producen.