El Ministerio de Transporte puso fin de manera definitiva al traspaso a persona indeterminada, una figura que durante años permitió que más de 760.000 vehículos quedaran registrados sin un propietario plenamente identificado y que alimentó una prolongada informalidad en el mercado automotor colombiano.
Durante mucho tiempo, este mecanismo fue utilizado como una solución práctica para miles de ciudadanos. Cuando el vendedor perdía contacto con el comprador de un vehículo, bastaba con declarar que ya no tenía control sobre el automotor. El registro quedaba abierto, la responsabilidad se volvía difusa y el sistema continuaba operando con una falla conocida, aceptada y cada vez más extendida.
Ese esquema llegó a su fin. El Ministerio de Transporte eliminó la posibilidad de realizar traspasos a persona indeterminada, lo que implica que, desde ahora, cualquier cambio de propietario deberá hacerse con datos completos del nuevo dueño y con el respectivo registro formal ante los organismos de tránsito.
En su origen, el traspaso a persona indeterminada fue concebido como una medida excepcional, pensada para quienes habían vendido su vehículo, entregado la posesión y firmado un contrato privado, pero nunca lograron formalizar el traspaso porque el comprador desapareció. En teoría, el trámite permitía al antiguo propietario desligarse de comparendos, impuestos y responsabilidades legales.
Sin embargo, en la práctica, la figura terminó convirtiéndose en un canal para normalizar la informalidad en la compraventa de vehículos usados. La costumbre de firmar contratos privados y aplazar indefinidamente el registro oficial se volvió habitual, y ese paso final rara vez se cumplía.
Las consecuencias de este fenómeno se acumularon con el tiempo: multas que llegaban a personas que ya no conducían el vehículo, impuestos causados durante años sin posibilidad real de cobro al poseedor efectivo, dificultades para determinar responsabilidades en accidentes y procesos judiciales, y una pérdida general de trazabilidad en los registros.
De acuerdo con cifras recopiladas por la firma Intempo, en el país existen 760.026 vehículos inscritos a nombre de personas indeterminadas. En Bogotá, el número supera los 20.000, y muchos de estos automotores llevan más de tres años en esa situación.
El Gobierno había extendido por última vez la vigencia de este trámite mediante la Resolución 20253040049955 del 4 de diciembre de 2025. El plazo definitivo venció el 6 de febrero de 2026, tras analizar la acumulación de solicitudes en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT) desde la expedición de la Resolución 44765 de 2022.
Requisitos del último plazo
Quienes alcanzaron a acogerse al trámite antes de su eliminación tuvieron que cumplir condiciones estrictas. No era suficiente manifestar desconocimiento sobre el paradero del vehículo. Se exigían pruebas claras de desvinculación, como una declaración juramentada en la que se certificara no haber tenido contacto con el automotor ni con su poseedor durante al menos tres años, además de paz y salvo por multas e impuestos, SOAT y revisión técnico-mecánica vigentes, y la inexistencia de embargos, prendas u otras medidas cautelares.
En 2026, el costo del trámite era de $261.000 para automóviles y $146.100 para motocicletas.
Con la eliminación de esta figura, el sistema de tránsito adopta una lógica más rigurosa. La venta de un vehículo ya no se considera concluida con la simple entrega del bien. El proceso solo se da por terminado cuando el cambio de propietario queda debidamente registrado.
Mientras eso no ocurra, el titular inscrito continuará siendo responsable de impuestos vehiculares, multas e infracciones, así como de eventuales procesos judiciales derivados de accidentes o del uso indebido del automotor.
En el Valle del Cauca, la gerente de la Unidad de Rentas, Martha Isabel Ramírez, explicó que el impuesto seguirá generándose a nombre del propietario registrado, incluso si este desconoce el paradero del vehículo, y que las consecuencias pueden incluir embargos de cuentas bancarias y otros bienes.
El cambio endurece las reglas para la compraventa de vehículos usados. La verificación de antecedentes deja de ser una simple recomendación y se convierte en un paso esencial. Multas pendientes, embargos, inconsistencias en la titularidad y registros abiertos pasan a ser elementos clave en cualquier negociación.
En este contexto, las plataformas digitales de consulta vehicular adquieren mayor importancia, al centralizar información que antes estaba dispersa y reducir los riesgos de fraudes o transacciones incompletas.