El Gobierno nacional adoptó una nueva disposición, en el marco del Estado de Emergencia, que modifica las reglas para las compras realizadas en comercios electrónicos internacionales.
El comercio en línea continúa consolidándose entre los colombianos. De acuerdo con un estudio sobre comercio electrónico realizado por Bancolombia, las plataformas más utilizadas en el país son Temu, Amazon, Shein y Mercado Libre.
El informe señala que el gasto promedio por compra en estos portales es cercano a los COP 240.000. Shein encabeza la lista con el ticket más alto, alrededor de COP 350.000, seguida por Mercado Libre (COP 260.000), Amazon (COP 220.000) y Temu, con un promedio de COP 125.000.
Estos datos cobran relevancia ante un cambio normativo que entrará en vigor en 2026 y que afectará directamente a los compradores habituales de este tipo de plataformas.
Como parte del Estado de Emergencia declarado por el Gobierno de Gustavo Petro, tras el hundimiento en el Congreso de la Ley de Financiamiento que buscaba recaudar COP 16,3 billones, el Ejecutivo expidió varios decretos con impacto económico, orientados a fortalecer los ingresos fiscales.
En ese contexto, el artículo 3 del Decreto 1474 de 2025 establece que los envíos por tráfico postal, mensajería urgente o entrega rápida cuyo valor supere los USD 50 deberán pagar el impuesto al valor agregado (IVA).
Al tipo de cambio actual, ese umbral equivale a aproximadamente COP 187.000. Al compararlo con el gasto promedio reportado por Bancolombia, se evidencia que una gran parte de las compras realizadas por los colombianos en estas plataformas quedará sujeta al impuesto, lo que podría traducirse en un mayor impacto en el bolsillo de los consumidores.
Cabe aclarar que este gravamen no es completamente nuevo, ya que el IVA para este tipo de envíos ya está contemplado en el Estatuto Tributario. Sin embargo, lo que sí cambia con el decreto de emergencia es el monto a partir del cual se aplica: anteriormente, el impuesto solo se cobraba a compras superiores a los USD 200, es decir, cerca de COP 750.000 al cambio actual.
Finalmente, es importante señalar que esta medida no tiene carácter permanente. Al haber sido adoptada mediante un decreto de emergencia, su vigencia está sujeta a límites temporales y deberá ser evaluada por la Corte Constitucional. En caso de que el alto tribunal la declare inexequible, la disposición perdería validez.