Migración Colombia ha puesto en marcha un plan de contingencia especial en los principales aeropuertos del país, ante el anuncio de una “operación reglamento” por parte de los sindicatos de la entidad. La medida busca reducir posibles retrasos y garantizar el flujo de pasajeros internacionales frente a demoras en los controles migratorios.
Para ello, la Unidad Administrativa Especial Migración Colombia (UAEMC) asignará 50 funcionarios adicionales con capacidad operativa inmediata. Este personal se enfocará principalmente en los filtros de inmigración, es decir, en la entrada al país, mientras que la salida se mantiene ágil gracias al sistema automático Biomig, que facilita el proceso de control de emigrantes.
Ante esta situación, la autoridad migratoria recomendó a los viajeros dos acciones fundamentales: presentarse en los aeropuertos al menos cuatro horas antes de su vuelo y realizar el enrolamiento previo en las plataformas tecnológicas para agilizar su tránsito mediante las herramientas digitales disponibles, como Biomig.
Con el fin de evitar congestiones en las terminales, Migración Colombia mantiene comunicación constante con las aerolíneas, la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA) y la Aeronáutica Civil, coordinando esfuerzos a través del Centro de Operaciones de Facilitación Aeroportuaria (COFAE), responsable de supervisar la normalidad del servicio.
El descontento de los trabajadores se debe principalmente a limitaciones presupuestales que han impedido avanzar en el rediseño institucional de Migración Colombia, una demanda histórica para mejorar su estructura y condiciones laborales.
Según el comunicado oficial, este proceso ha sufrido retrasos por factores externos como la no aprobación de la Ley de Financiamiento y la suspensión del Decreto de Emergencia Económica, lo que ha generado obstáculos financieros para atender las peticiones de los sindicatos UNASEMIGC-MRE, OSEMCO y SINTRAMICOL.
Pese a la presión ejercida con la “operación reglamento”, el Gobierno Nacional defendió la gestión de la entidad y destacó los avances alcanzados para mitigar el conflicto. Entre ellos se encuentran:
La creación de una bonificación mediante el Decreto 0978 de 2025, destinada a reconocer la labor del personal técnico, asistencial y profesional. Tras un primer pago en diciembre, los recursos están asegurados y se prevé un nuevo desembolso en marzo de 2026.
Entre 2023 y 2024 se crearon 667 nuevos empleos, con el objetivo de disminuir la carga operativa de los funcionarios actuales.
Se han llevado a cabo 27 mesas técnicas con los sindicatos, incorporando sus propuestas en el documento base de diagnóstico para el rediseño del sector.
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