La decisión del Consejo de Estado de frenar provisionalmente el incremento del salario mínimo para 2026 ha generado un amplio debate entre el Gobierno, los gremios empresariales y las organizaciones sindicales, en medio de la incertidumbre jurídica que rodea la medida.
La determinación, adoptada como medida cautelar mientras se resuelve de fondo la demanda contra el decreto presidencial, se basa en la presunta falta de aplicación integral de los criterios técnicos y legales exigidos para fijar el salario mínimo.
Desde el Ejecutivo, la reacción fue inmediata. El presidente Gustavo Petro sostuvo que la decisión judicial compromete el mandato constitucional que protege el poder adquisitivo de los trabajadores y cuestiona las competencias del Gobierno en materia salarial. A su turno, el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, aseguró que se emprenderá la defensa jurídica correspondiente para sustentar la legalidad del decreto.
En el sector empresarial, las opiniones han sido variadas. El Consejo Gremial insistió en que cualquier determinación sobre el salario mínimo debe armonizar la protección de los trabajadores con variables como el crecimiento económico, la productividad, la inflación, la informalidad y la capacidad de generar empleo formal.
Entre quienes respaldaron la suspensión se encuentra la Fenalco. Su presidente, Jaime Alberto Cabal, afirmó que el aumento, aunque llamativo en cifras, no refleja la realidad económica del país. Según indicó, un ajuste excesivo podría presionar los costos empresariales, afectar la sostenibilidad del empleo formal y trasladarse a incrementos en los precios de bienes y servicios.
Por otro lado, la Acopi manifestó inquietud por la incertidumbre normativa que deja la decisión. La asociación advirtió que miles de micro y pequeñas empresas no tienen claridad sobre qué salario deben tomar como referencia para el pago de nóminas, aportes a la seguridad social y compromisos contractuales, lo que dificulta la planeación financiera y la estabilidad operativa. Además, pidió reglas claras que permitan evitar un escenario de indefinición jurídica.
En contraste, los sindicatos expresaron un rechazo frontal. La Central Unitaria de Trabajadores (CUT) calificó la suspensión como una decisión que perjudica a millones de trabajadores y defendió la facultad constitucional del Gobierno para fijar el salario mínimo con el objetivo de avanzar en justicia social.
Mientras el proceso judicial continúa, el país permanece atento a la expedición del nuevo decreto transitorio que deberá emitir el Gobierno y a la decisión definitiva del alto tribunal, que definirá la validez del aumento salarial previsto para 2026.