Un año de retrocesos en salud reproductiva bajo el segundo mandato de Donald Trump

Durante el primer año de su segundo mandato, Donald Trump consolidó una agenda que restringió de manera sistemática los derechos sexuales y reproductivos en Estados Unidos, con impactos directos tanto a nivel nacional como internacional. Las medidas adoptadas incluyeron recortes presupuestales, eliminación de protecciones legales, debilitamiento de la privacidad médica y acciones simbólicas que, según organizaciones especializadas, fomentaron la estigmatización y la desinformación.

Entre las primeras decisiones estuvo el indulto a activistas antiaborto condenados por bloquear clínicas, así como la revocatoria de órdenes ejecutivas de la era Biden que protegían el acceso al aborto. De forma paralela, Trump restableció la llamada “Ley Mordaza Global”, que prohíbe a organizaciones financiadas por EE. UU. participar en cualquier actividad relacionada con el aborto, incluso fuera del país.

En el plano interno, el gobierno impulsó una profunda desfinanciación del sistema de salud reproductiva, especialmente a través del retiro de fondos de Medicaid y del programa Título X, afectando a millones de personas de bajos ingresos. Esto derivó en el cierre de decenas de centros de Planned Parenthood y en mayores barreras para acceder a anticoncepción, atención preventiva y servicios de aborto, incluso en estados donde sigue siendo legal.

También se eliminaron guías federales que protegían el acceso a atención obstétrica de emergencia (EMTALA) y se prohibió la prestación de servicios de aborto en el sistema de salud para veteranos, incluso en casos de violación, incesto o riesgo de vida. A ello se sumó el debilitamiento de la protección de datos médicos, tras decisiones judiciales que aumentaron el riesgo de persecución penal a personas que abortan.

En el ámbito simbólico y discursivo, el gobierno redujo la aplicación de la Ley FACE, lo que coincidió con un aumento significativo de ataques, amenazas y acoso contra clínicas y personal de salud. Además, en 2025 se ordenó la incineración de anticonceptivos por cerca de USD 10 millones destinados a países africanos, bajo el argumento —sin sustento científico— de que se trataba de “productos abortivos”. Organizaciones internacionales advirtieron que esta decisión podría traducirse en miles de embarazos no deseados y abortos inseguros.

El Ejecutivo también reabrió cuestionamientos a la píldora abortiva mifepristona, pese a la amplia evidencia científica que respalda su seguridad y eficacia, lo que expertos interpretan como una politización de la ciencia médica.

Si bien estas decisiones no afectan directamente los marcos legales de América Latina, especialistas advierten sobre su impacto simbólico y político, especialmente en países con gobiernos afines ideológicamente. No obstante, destacan que la región —y en particular Colombia— cuenta hoy con marcos jurídicos más sólidos para la protección de los derechos sexuales y reproductivos.