Los abogados Simón Hernández Gómez y Felipe Alzate Gómez, representantes legales de Beatriz Niño Endara—exesposa del embajador de Colombia en Ghana, Daniel Garcés Carabalí—han denunciado amenazas en su contra ante la Fiscalía General de la Nación. Esta situación se ha presentado desde que comenzaron a asumir la defensa de Niño, quien está inmersa en un proceso judicial por graves delitos como violencia intrafamiliar, acceso carnal violento y fraude procesal, acusaciones que el exembajador niega.
Según la denuncia presentada a través de un documento de seis páginas, los abogados han recibido numerosas agresiones, incluyendo descalificaciones públicas y comportamientos intimidatorios. Ellos expresaron que estos hechos “trascienden el legítimo ejercicio del derecho y se enmarcan en un patrón sistemático de presión”.
Un episodio específico ocurrió el 26 de marzo, cuando una empleada de su despacho fue abordada por dos hombres en una motocicleta que la interrogaron sobre la oficina de los abogados, lo que los juristas interpretan como un posible seguimiento.
Además, la denuncia incluye un intento de acceso no autorizado a una de las cuentas de la DIAN, donde se almacenan datos fiscales sensibles de su despacho. “Hemos recibido información de una fuente confidencial que indica intentos de infiltración en nuestra oficina para obtener información interna”, mencionaron los abogados.
Estos comportamientos hostiles han aumentado desde que comenzaron a representar a Niño Endara. La denuncia resalta que ha habido seguimientos y amenazas dirigidas hacia ellos, no solo en contextos privados, sino también en espacios públicos y medios de comunicación.
“Desde que asumimos la defensa, hemos sido objeto de acusaciones infundadas que afectan nuestra reputación profesional y crean un ambiente de riesgo para la seguridad de nuestras familias”, argumentaron los abogados.
El documento también menciona que funcionarios judiciales han ejercido presiones indebidas. Un fiscal relacionado con el caso interpuso una queja disciplinaria contra los abogados, que ellos consideran carente de sustento jurídico y como un mecanismo de presión institucional.
“Este tipo de acciones configura un contexto sostenido de hostilidad que va más allá del debate legal y afecta nuestro ejercicio profesional”, señalaron.
En respuesta a esta serie de intimidaciones, Hernández y Alzate pidieron garantías para poder ejercer su labor sin temor a represalias. Exigieron que se realicen investigaciones exhaustivas para esclarecer los hechos y asegurar condiciones que permitan continuar su trabajo sin riesgo de persecución o violencia.
“Nuestra actividad como defensores no puede convertirse en un motivo de amenaza o intimidación”, concluyeron. Esta situación pone de manifiesto la grave problemática que enfrentan muchos abogados en casos de alto perfil aquí en Colombia.
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