Abren investigación disciplinaria contra dos fiscales por presuntas dilaciones en el caso Ungrd contra Carlos Ramón González

La Comisión Nacional de Disciplina Judicial inició una investigación formal contra dos fiscales delegados ante la Corte Suprema de Justicia por presuntas demoras injustificadas en actuaciones clave dentro del proceso penal que se adelanta contra Carlos Ramón González, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), hoy prófugo por el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).

Los funcionarios investigados son la fiscal María Cristina Patiño y el fiscal Gabriel Sandoval, quienes, según el alto tribunal disciplinario, habrían retrasado sin justificación suficiente la formulación de imputación, la solicitud de medida de aseguramiento y el trámite para la expedición de una circular roja de Interpol contra el exalto funcionario del Gobierno Petro.

La apertura formal de la investigación se produjo el pasado 14 de enero. En el auto, la Comisión señala que existen indicios de una posible “mora injustificada y deliberada” en el desarrollo del proceso penal, pese a que, desde el año 2024, ya se contaba con elementos probatorios que habrían permitido avanzar oportunamente en las actuaciones judiciales contra González Merchán.

Según la información que evalúa la Comisión de Disciplina Judicial, dichas dilaciones habrían facilitado la salida del país del exdirector del Dapre, quien actualmente se encuentra en Nicaragua. La denuncia que dio origen a la investigación fue presentada por el veedor ciudadano Pablo Bustos, quien aseguró que la falta de celeridad en el proceso permitió que el exfuncionario evadiera la acción de la justicia.

La orden de captura contra Carlos Ramón González solo fue emitida el 3 de julio del año pasado. Posteriormente, fue avalada por la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá y ratificada por la Corte Suprema de Justicia en octubre, cuando ese alto tribunal negó una acción de tutela presentada por la defensa del exfuncionario. En dicha tutela, González alegaba la vulneración de sus derechos fundamentales a la libertad personal, el debido proceso, el acceso a la justicia y la defensa.

De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, el exdirector del Dapre sería responsable de los delitos de cohecho por dar u ofrecer, peculado por apropiación en favor de terceros y lavado de activos, todos relacionados con su presunta participación en el entramado de corrupción de la Ungrd.

Según el material probatorio, la Fiscalía sostiene que entre septiembre y octubre de 2023 González habría impartido instrucciones al entonces director de la Ungrd, Olmedo López, para gestionar el pago de sobornos con recursos provenientes de contratos de la entidad. Los pagos, presuntamente, tenían como destinatarios a los entonces presidentes del Senado y la Cámara de Representantes, Iván Name y Andrés David Calle.

En concreto, la Fiscalía asegura que González habría ordenado la entrega de 3.000 millones de pesos al senador Iván Name Vásquez, a través de la exconsejera presidencial para las Regiones, Sandra Liliana Ortiz Nova. De igual manera, el exsubdirector de Manejo de Desastres de la Ungrd, Sneyder Augusto Pinilla Álvarez, habría trasladado 1.000 millones de pesos a Montería, Córdoba, con destino al representante Andrés David Calle.

Actualmente, Carlos Ramón González se encuentra en Nicaragua, país en el que obtuvo asilo político. A finales del año pasado fue visto en un evento social organizado por la Cancillería colombiana en ese país, al que asistieron más de 200 personas. Su presencia en dicha reunión dio lugar a nuevas indagaciones por parte de distintos organismos de control, que buscan esclarecer cómo el exfuncionario pudo participar en el evento pese a tener una orden de captura vigente.