FOTODELDÍA AME9603. CARACAS (VENEZUELA), 29/01/2026.- La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez (c), reacciona al ser recibida por simpatizantes durante una manifestación este jueves, en Caracas (Venezuela). Rodríguez firmó la reforma de la Ley Orgánica de Hidrocarburos, luego de que el texto aprobado durante la jornada le fuera entregado por su hermano y presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, en medio de una marcha de los trabajadores del sector petrolero del país. EFE/ Miguel Gutiérrez
La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha promulgado el decreto 5.248, visible en la Gaceta Oficial extraordinaria 6.985, que establece la disolución inmediata de seis misiones sociales. Esta decisión se ha llevado a cabo con el respaldo de Estados Unidos y reestructura significativamente el panorama del madurismo en el país.
Entre las instituciones eliminadas se encuentran la Fundación Misión Jóvenes de la Patria Robert Serra, la Oficina Presidencial de Planes y Proyectos Especiales, Propatria 2000, la Fundación José Félix Ribas y el Movimiento Bolivariano Revolucionario de la Reserva Activa. Además, se ha ordenado la disolución del Centro Estratégico de Seguridad y Protección de la Patria (Cesppa), que desempeñaba un papel crucial en el control informativo del Estado.
El Cesppa, desde su creación, se encargó de clasificar y restringir información que se consideraba “sensible” para la seguridad nacional, siendo un pilar en el sistema de control informativo. Su eliminación marca un cambio significativo en la manera en que se gestiona la información y la seguridad en el país.
De acuerdo al decreto, la única misión que ha sobrevivido, aunque de forma parcial, es la Misión Socialista Nueva Frontera de Paz, la cual fue transferida al Ministerio de Relaciones Exteriores. Esta reorganización interna tiene como objetivo reducir el número de entidades bajo el Despacho de la Presidencia y concentrar funciones en un grupo más limitado de instituciones.
El periodismo en Venezuela enfrenta un entorno adverso, donde se han implementado múltiples instrumentos legales para limitar y castigar la libertad de prensa. Las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo” son ejemplos de estas restricciones, que complican el acceso a la información desde el país.
La eliminación de estas misiones sociales y la reestructuración institucional marcan un nuevo capítulo en el manejo del Estado en Venezuela. A medida que el país navega por un contexto político y social complejo, la prensa continúa lidiando con los desafíos impuestos por estas condiciones adversas a la divulgación de información.
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