Desde la llegada de Nayib Bukele al poder en El Salvador en 2019, América Latina ha visto un resurgimiento notable de gobiernos de extrema derecha. Este fenómeno incluye triunfos recientes en Argentina (Javier Milei), Ecuador (Daniel Noboa), Bolivia (Rodrigo Paz), Chile (José Antonio Kast), Perú (Keiko Fujimori) y Colombia (Abelardo de la Espriella). A medida que estos líderes asumen el poder, se estima que gobernarán a cerca de 192 millones de personas, lo que representa aproximadamente el 32% de la población total de la región.
Los estudios recientes, como el informe del PNUD titulado “Democracias bajo presión” (2026), indican que la polarización, el personalismo y el populismo se están consolidando como síntomas de una crisis democrática aguda en América Latina. A pesar de que las nuevas figuras de derecha prometieron erradicar estos males, muchos de ellos continúan utilizando tácticas que refuerzan la división entre la elite y el pueblo.
La polarización parece estar más viva que nunca. Líderes como Milei fomentan un discurso contra “la casta”, mientras que Noboa capitaliza el conflicto con el expresidente Rafael Correa. En El Salvador, Bukele divide a los ciudadanos entre “buenos” y “terroristas”. Así, la estrategia de movilizar a las bases radica en la radicalización del disenso y el resentimiento, alejándose de un enfoque centrado en la conciliación política.
La práctica del populismo sigue sin cambios, donde los líderes se presentan como representantes auténticos del “pueblo trabajador” en contraposición a “la casta corrupta”. Vemos la inclusión de discursos morales que atacan políticas de inclusión de la izquierda, mientras buscan reinstaurar lo que consideran la “verdadera democracia”.
Uno de los casos más notables es el del presidente chileno José Antonio Kast, quien ha adoptado enfoques de control migratorio que recuerdan al populismo nativista de Europa y Estados Unidos, señalando a los migrantes como responsables de la inseguridad nacional.
Todas las nuevas figuras de derecha han emergido en contextos donde los partidos políticos presentan serias carencias organizativas. Las siglas de sus partidos suelen depender directamente de su imagen personal, evitando mecanismos de fiscalización parlamentar. Por ejemplo, en Perú, el partido Fuerza Popular opera casi como una dinastía familiar, mientras que en Bolivia, el partido que elevó a Paz a la presidencia tiene un rol secundario en las decisiones importantes.
El panorama político sugiere que las diferencias entre estos nuevos gobiernos y sus predecesores son mínimas. Todos parecen compartir rasgos caudillistas y polarizadores, garantizando el mismo tipo de erosión institucional que se observó bajo administraciones anteriores de izquierda. Los presidentes actuales, desde Bukele hasta Milei, a menudo utilizan decretos presidenciales que evaden la legitimidad del Congreso, lo que genera preocupaciones sobre la institucionalidad.
Con la extrema derecha en el poder, existe el riesgo de que se repitan patrones de erosión institucional bajo la premisa de la libertad de mercado. Es crucial volver a considerar las reflexiones de expertos como Daron Acemoglu y James A. Robinson, quienes advierten que para resolver estos problemas es vital equilibrar un estado fuerte con una sociedad civil activa que pueda ejercer control sobre el poder.
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