El Gobierno de Javier Milei puso en marcha una nueva normativa orientada a incentivar el ingreso de ahorros no declarados al sistema bancario argentino, conocidos popularmente como los “dólares bajo el colchón”. La iniciativa, aprobada por el Congreso en diciembre y recientemente promulgada, apunta a reforzar las reservas internacionales en un contexto de fuertes compromisos de deuda y limitaciones externas.
La llamada “ley de principio de inocencia fiscal” eleva de manera sustancial los umbrales a partir de los cuales una persona puede ser investigada por evasión tributaria, con el objetivo de reducir el riesgo legal para quienes decidan blanquear sus ahorros. Según estimaciones oficiales, los argentinos mantienen fuera del sistema financiero cerca de 251.000 millones de dólares, una cifra que multiplica por seis las reservas brutas del Banco Central, que al 30 de diciembre se ubicaban en torno a los 41.000 millones.
El panorama financiero agrega presión al Ejecutivo: durante este año, Argentina enfrenta vencimientos de deuda superiores a los 19.000 millones de dólares, de acuerdo con datos de la Oficina de Presupuesto del Congreso. En este contexto, el Fondo Monetario Internacional, con el que el país mantiene un acuerdo crediticio por 20.000 millones de dólares desde abril, solicitó en diciembre mayores esfuerzos para recomponer las reservas internacionales.
La ley, publicada en el Boletín Oficial, eleva a unos 70.000 dólares anuales el monto mínimo desde el cual se investiga la evasión fiscal. Además, reduce los plazos de prescripción de los delitos financieros y establece un nuevo esquema impositivo que exime a los contribuyentes adheridos de informar variaciones en su patrimonio.
El ministro de Economía, Luis Caputo, pidió a las entidades financieras que faciliten de inmediato la recepción de los fondos declarados bajo este régimen. Asimismo, recomendó a los ahorristas acudir al Banco Nación en caso de que los bancos privados impongan requisitos adicionales.
“Depositan sus dólares en el banco y pueden disponer de ellos de forma inmediata, ya sea para consumir o para ahorrar y obtener intereses, como ocurre en cualquier país del mundo”, afirmó Caputo en su cuenta de X.
La iniciativa generó cuestionamientos desde sectores de la oposición, que advierten riesgos asociados al lavado de activos. El diputado peronista Jorge Taiana sostuvo que la normativa podría convertir a Argentina en “un paraíso para el blanqueo de dinero ilícito”.
No es la primera vez que el Gobierno recurre a este tipo de herramientas. En 2024, la administración Milei impulsó un blanqueo de capitales que permitió incorporar más de 20.000 millones de dólares al sistema bancario, aunque esos fondos permanecieron inmovilizados en cuentas especiales hasta esta semana, cuando se habilitó su libre disponibilidad.
La preferencia de los argentinos por ahorrar en dólares en efectivo responde a una larga historia de crisis económicas, devaluaciones e inflación persistente, factores que han erosionado la confianza en el sistema financiero y consolidado al billete verde como refugio de valor.
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