La Sociedad de Activos Especiales (SAE) ha tomado posesión de dos propiedades en Medellín, vinculadas a figuras notorias del narcotráfico. Estos inmuebles pertenecieron a Griselda Blanco de Trujillo, conocida como “Viuda Negra”, y a José Aldemar Moncada Moncada, conocido como “El Chatarrero”. La acción se llevó a cabo en el marco de diligencias de extinción de dominio realizadas por las autoridades.
El primer inmueble, ubicado en el barrio El Nogal, era utilizado como hogar para adultos mayores y se encontraba “ocupado de manera irregular mediante un contrato de arrendamiento ajeno a la SAE”. Durante meses, la SAE intentó realizar la entrega voluntaria del predio, considerando la vulnerabilidad de los ocupantes. Sin embargo, al no lograr un acuerdo, el 14 de mayo de 2026 se llevó a cabo la toma material del inmueble.
Según informes de la SAE, este bien está relacionado con actividades criminales vinculadas al narcotráfico y al uso de testaferros. Además, existe una sentencia sobre la extinción de dominio que data de 2017.
Griselda Blanco fue una de las narcotraficantes más influyentes en Colombia durante las décadas de 1970 y 1980, siendo vinculada por las autoridades de Estados Unidos y Colombia a redes de tráfico de cocaína. Sus operaciones se centraron en Medellín, Miami y Nueva York, estableciendo un dominio significativo en el narcotráfico.
El segundo inmueble, de más de 2.253 metros cuadrados, se encuentra en el sur de Medellín. Aunque recibido por la SAE en 2012, el bien había estado ocupado irregularmente, lo que dificultó su administración. El desalojo y la toma material de este segundo inmueble se ejecutaron el 15 de mayo de 2026.
Este sitio estuvo vinculado a “El Chatarrero”, quien es señalado como uno de los principales lavadores de dinero en Colombia, involucrado en la adquisición de propiedades y operaciones financieras relacionadas con el crimen organizado.
La SAE ha destacado que ambas propiedades son parte de bienes obtenidos de manera ilegal, a través de actividades delictivas. La toma de estos inmuebles representa un paso significativo en la lucha contra el narcotráfico y el lavado de activos en el país. Las autoridades continúan trabajando para asegurar que los bienes recuperados se utilicen de forma adecuada y que se respeten los derechos de los ciudadanos vulnerables.
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