El Congreso dio un paso clave para definir el estatus salarial de la denominada bonificación judicial, tras aprobar en segundo debate un proyecto de ley que busca incorporarla formalmente como factor salarial para miles de funcionarios del sector justicia. La iniciativa continuará ahora su trámite en la Cámara de Representantes.
La propuesta legislativa pretende dar claridad jurídica a un ingreso que actualmente reciben servidores de la Fiscalía General de la Nación, la Justicia Penal Militar, la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y las direcciones seccionales de la Rama Judicial, pero que no ha sido reconocido de manera expresa dentro de la estructura salarial.
De acuerdo con lo expuesto durante la discusión en el Senado, la iniciativa beneficiaría a 36.819 servidores judiciales en todo el país. La ausencia de una definición legal clara ha derivado en una elevada cantidad de demandas contra el Estado, motivadas por la interpretación del carácter salarial de esta bonificación.
El senador liberal Alejandro Chacón, autor y ponente del proyecto, señaló que la aprobación representa un avance significativo en materia de derechos laborales. “Este paso fortalece la equidad salarial y contribuye a la consolidación de un esquema remunerativo más justo y jurídicamente coherente para quienes trabajan en la administración de justicia”, afirmó.
Las cifras presentadas en el debate evidencian el impacto fiscal y jurídico del problema. Según Chacón, actualmente existen más de 15.600 procesos judiciales relacionados con la bonificación judicial, cuyas pretensiones económicas superan los COP 750.000 millones. En la última década, el Estado ya habría sido condenado a pagar más de COP 268.000 millones por este concepto.
Con el avance del proyecto, el Congreso busca no solo mejorar las condiciones laborales del sector judicial, sino también reducir la litigiosidad y dar mayor seguridad jurídica en la definición de los ingresos salariales dentro de la Rama Judicial.
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