Carlos Ramón González reaparece en audiencia por caso de corrupción de la UNGRD

El exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), Carlos Ramón González, volvió a aparecer en la justicia colombiana este jueves 29 de enero, en medio del proceso penal que se sigue en su contra por el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd). González es, hasta ahora, el exfuncionario de mayor rango del gobierno Petro vinculado al caso, que también ha salpicado a congresistas y ministros.

La diligencia comenzó a las 8:00 a. m. ante la magistrada Blanca Nélida Barreto Ardila, de la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia. La audiencia se realiza de manera virtual, ya que González se encuentra prófugo en Nicaragua, país al que se trasladó tras el estallido del escándalo de corrupción. El exfuncionario se conectó junto a su abogado, Iván Cancino.

Acusaciones contra González

La Fiscalía lo acusa de ser el presunto cerebro detrás de la red que habría desviado recursos de la Ungrd, y lo señala de estar involucrado en los delitos de:

• Cohecho por dar u ofrecer

• Peculado por apropiación en favor de terceros

• Lavado de activos

Según la Fiscalía, González habría coordinado pagos ilegales a congresistas para destrabar proyectos del Ejecutivo, incluyendo a Iván Name y Andrés Calle, expresidentes del Senado y la Cámara de Representantes que actualmente están privados de la libertad por este caso. Los investigadores aseguran que los pagos inicialmente estimados en COP 60.000 millones fueron finalmente reducidos a COP 4.000 millones.

La fiscal encargada del caso, María Cristina Patiño, presentó un escrito de 60 páginas donde detalla cómo las decisiones de González habrían permitido la estructuración de la red de corrupción dentro de la entidad pública encargada de la atención de desastres y emergencias.

Víctimas reconocidas y postura de la defensa

Durante el inicio de la audiencia, la Ungrd, la Contraloría General de la República y las comunidades indígenas wayúu de La Guajira solicitaron ser reconocidas como víctimas de los presuntos delitos. No obstante, el abogado Cancino sostuvo que no se han aportado pruebas sólidas que acrediten su condición de víctimas. “La prueba sumaria no puede quedar a la deriva de una expresión verbal”, declaró durante la diligencia.

Con esta audiencia, el proceso penal avanza en Colombia pese a la ausencia física de González, quien permanece bajo vigilancia judicial mientras continúa prófugo en el exterior.