El Gobierno de Estados Unidos sostiene conversaciones con Chevron Corp. para evaluar una posible ampliación de la licencia especial que permite a la compañía operar en Venezuela, en un momento en el que el presidente Donald Trump impulsa la participación de empresas estadounidenses en la recuperación del deteriorado sector energético del país suramericano.
Las negociaciones se desarrollan mientras Trump se prepara para reunirse este viernes en la Casa Blanca con directivos de la industria petrolera, pocos días después de que Washington anunciara la captura del líder venezolano Nicolás Maduro, acusado por las autoridades estadounidenses.
Actualmente, Chevron produce y exporta crudo venezolano bajo una autorización excepcional que la exime de las sanciones impuestas por Estados Unidos. La compañía aseguró, mediante un comunicado, que sus operaciones se realizan “en estricto cumplimiento de todas las leyes y regulaciones aplicables”.
Una fuente con conocimiento directo del proceso confirmó la existencia de los diálogos, que fueron reportados inicialmente por la agencia Reuters.
En declaraciones recientes, el presidente Trump afirmó que Venezuela destinará los ingresos derivados de un acuerdo petrolero —que contempla la cesión de hasta 50 millones de barriles de crudo a Estados Unidos— a la compra exclusiva de productos fabricados en ese país.
Según explicó, esos recursos se utilizarán para adquirir alimentos agrícolas, medicamentos, equipos médicos y tecnología estadounidense, además de insumos destinados a la modernización de la red eléctrica y de la infraestructura energética venezolana. “Venezuela se compromete a hacer negocios con Estados Unidos como su socio principal”, sostuvo el mandatario en redes sociales.
Por su parte, el secretario de Energía, Chris Wright, negó que Washington esté apropiándose del petróleo venezolano. En una entrevista con CNBC, señaló que el crudo se venderá en los mercados internacionales y que los recursos obtenidos serán depositados en cuentas a nombre de Venezuela, con el objetivo de beneficiar directamente a su población.
Wright aclaró que, en una primera etapa, esos fondos no se destinarán a compensar a empresas estadounidenses como Exxon Mobil o ConocoPhillips, cuyos activos fueron expropiados durante el gobierno de Hugo Chávez a mediados de la década de 2000. No obstante, reconoció que dichas compañías deberán ser indemnizadas en el futuro, aunque calificó ese proceso como un asunto de largo plazo.
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